Docentes de la UDA realizaron un “semaforazo” en el centro de Catamarca y acusaron al gobierno de Raúl Jalil de haber condicionado la recomposición salarial a la aceptación de un esquema de titularizaciones, cinco meses después de que el gremio rechazara el acuerdo firmado por la mayoría de las organizaciones del sector.
Según la información difundida, la protesta se desarrolló el martes 18 en la esquina de Rivadavia y Zurita. La conducción sindical eligió esa modalidad para visibilizar el conflicto sin suspender las clases y evitar los descuentos asociados a una huelga.
La vocal gremial Estela Urueña reclamó que la Provincia aplique al pago de haberes adeudados la misma rapidez que anunció para el nuevo sistema digital de opción de cargos. También sostuvo que todavía estaban pendientes los listados de titularización prometidos a los docentes.
El conflicto se originó en la paritaria cerrada en marzo. El Ejecutivo presentó un salario mínimo docente garantizado de $870.000 por cargo, con un máximo de dos cargos, y un mecanismo de actualización bimestral por inflación. El paquete incorporó tanto la mejora salarial como un proceso de titularización.
El gobierno de Jalil lo difundió como un acuerdo integral, mientras que UDA sostuvo que mezclar ambos asuntos obligaba a elegir entre ingresos y estabilidad. Esa diferencia, nunca resuelta dentro de la mesa sindical, reapareció en la calle el 18 de agosto.
| Sindicato | Postura ante el acuerdo de marzo |
|---|---|
| ATECa | Aceptó el entendimiento |
| SADOP | Aceptó el entendimiento |
| SIDCa | Aceptó el entendimiento |
| UDA | Rechazó el entendimiento |
| SUTECA | Rechazó el entendimiento |
La protesta también incluyó cuestionamientos al desfinanciamiento educativo nacional y a la eliminación de partidas, pero el reclamo por los pagos pendientes, los listados y las condiciones del acuerdo apuntó al Ejecutivo catamarqueño. La administración provincial negocia y liquida los salarios, y conduce el procedimiento de titularización cuestionado.
UDA volvió a calificar la propuesta oficial como “extorsiva”, aunque esa expresión corresponde exclusivamente a la caracterización política del sindicato. No existe una imputación penal ni una resolución judicial que atribuya al gobernador o a sus funcionarios el delito de extorsión.
La manifestación concluyó sin incidentes ni interrupción total del tránsito. UDA mantuvo su rechazo al acuerdo de marzo y reiteró denuncias sobre haberes y listados pendientes; esas afirmaciones continuaron atribuidas al gremio y no fueron reconocidas como incumplimientos por una decisión judicial.
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