Acusaciones Graves contra Vocal del InSSSeP en Chaco
La fiscal Ingrid Wenner solicitó hace unos meses la elevación a juicio de la causa contra Raúl Canteros, vocal del Directorio del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP), por el presunto delito de concusión doblemente agravado.
Detalles de la Acusación
Según el requerimiento fiscal, Canteros, quien responde políticamente al gobernador Leandro Zdero, habría solicitado a su sobrino Rodrigo Vallejos dos transferencias bancarias por un total de $600.000. Vallejos había sido designado en un puesto de gabinete en el organismo a pedido del propio Canteros.

Nepotismo y «Caja Política»
El caso tomó relevancia cuando el denunciante se negó a continuar con los pagos. En respuesta, Canteros solicitó su baja y designó en su lugar a su propio hijo, Edgar Canteros, lo que evidencia un claro caso de nepotismo.
En los mensajes de WhatsApp presentados como prueba, Canteros le habría dicho a su sobrino que el dinero era para «repartir la plata entre los que quedaron sin contrato» y para «hacer política», mencionando que otros militantes de Fontana también colaboraban.
Defensa y Contradicciones
Canteros, un comisario retirado que asumió el cargo en reemplazo del actual jefe de Policía, Fernando Romero, se defendió alegando que los pagos eran voluntarios y tenían una «función social», como ayudar a un merendero. Sin embargo, los testimonios de otras personas supuestamente beneficiadas contradicen su versión.
Marco Legal y Acciones del Gremio
El delito de concusión implica que un funcionario público exige o solicita de manera indebida una contribución abusando de su cargo, con una pena que va de uno a seis años de prisión.
Ante la gravedad de los hechos, la Asociación Gremial del InSSSeP presentó una nota solicitando que el Directorio del organismo se constituya como querellante en la causa, remarcando la importancia de no «silenciar ni encubrir situaciones delictuales».
Similitudes con Otros Casos
El artículo también hace referencia a denuncias similares que se investigan en las delegaciones de PAMI y Anses en Chaco, donde funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) son acusados de exigir aportes económicos a sus empleados. El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, ha solicitado una investigación por presunta extorsión.