Al cumplirse dos años de la entrada en vigencia del Protocolo Antipiquetes, Amnistía Internacional denunció un grave deterioro de la libertad de expresión y de reunión en la Argentina, con más de 2.500 personas heridas durante manifestaciones y un aumento sostenido de la represión estatal.
La Resolución 943/2023, denominada oficialmente “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, fue impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y considera delito toda manifestación que afecte la circulación, habilitando desalojos y detenciones sin orden judicial, en contradicción con estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.
“La escalada represiva es innegable y evidencia un grave retroceso en la libertad de expresión. La violencia estatal no solo aumentó, hoy es naturalizada y funciona como un mecanismo de intimidación para desalentar la participación social”, afirmó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
De acuerdo con los registros de organizaciones de derechos humanos, entre 2024 y 2025 se contabilizaron al menos 2.557 personas heridas por el uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza, incluyendo impactos de balas de goma en cabeza y rostro, exposición a gases lacrimógenos y gas pimienta, golpes con bastón y violencia física generalizada.
Los datos reflejan un incremento exponencial de la represión. En 2025, la Comisión Provincial por la Memoria registró 1.341 personas heridas y 165 detenidas, mientras que en todo 2024 se habían contabilizado 1.216 heridos y 93 detenciones, lo que implica un aumento del 77% en las detenciones, en su mayoría arbitrarias y sin pruebas suficientes.
Se registraron además cuatro casos de pérdida ocular permanente por disparos de balas de goma. Entre los más graves:
La labor periodística también fue blanco de la represión. Al menos 184 trabajadores y trabajadoras de prensa resultaron heridos, y varios fueron detenidos de manera arbitraria mientras cubrían protestas.
Amnistía Internacional advirtió que estos ataques buscan un efecto silenciador, enviando el mensaje de que protestar y registrar la protesta tiene consecuencias.
El caso más grave es el del fotógrafo Pablo Grillo, quien el 12 de marzo de 2025 sufrió una fractura expuesta de cráneo tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno mientras cubría una movilización. La Justicia identificó y procesó al gendarme que efectuó el disparo, a partir de material aportado por el Mapa de la Policía.
Frente a este escenario, Amnistía Internacional y otras organizaciones impulsan una acción de amparo para declarar la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes. Según la entidad, el Poder Judicial debe garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado argentino y poner fin a una normativa que vulnera la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos.
La denuncia pone en evidencia la urgente necesidad de revisar las políticas de seguridad y garantizar el respeto a los derechos fundamentales en el país.
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