La Justicia Federal decidió procesar a Héctor Guerrero, el gendarme acusado de herir gravemente al fotógrafo Pablo Grillo al dispararle un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza durante una manifestación.
El hecho ocurrió el 12 de marzo durante una protesta en defensa de los jubilados frente al Congreso Nacional en la Ciudad de Buenos Aires. La jueza María Servini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, firmó el fallo que imputa a Guerrero por los delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas, agravados por su condición de miembro de una fuerza de seguridad.
El expediente judicial reveló que Guerrero no solo efectuó el disparo que impactó en Grillo de manera prohibida, sino que también realizó otros cinco disparos con el mismo accionar irregular, evidenciando un patrón de conducta inapropiada.
Como medida cautelar, la jueza Servini ordenó el embargo de los bienes del gendarme, reforzando la gravedad de los cargos imputados.
Este caso se suma a una serie de investigaciones sobre la actuación de las fuerzas de seguridad durante protestas públicas, reavivando el debate sobre los protocolos de uso de la fuerza y la protección de periodistas.
«La decisión judicial marca un precedente en la rendición de cuentas de agentes estatales», reflexiona el análisis del caso.
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