El bloque de diputados del PRO ha formulado una contundente denuncia por una «grave violación a la Constitución Nacional», tras la designación de autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN) realizada fuera del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso.
Según el comunicado oficial al que accedió Agencia Noticias Argentinas, los hechos ocurrieron cerca de las 3 de la madrugada, cuando el oficialismo impulsó la designación pese a que esta cuestión no formaba parte de la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias.
La objeción del bloque del PRO fue advertida en tres instancias: de manera informal, luego en el recinto y, finalmente, al momento de intentar consumar la designación, situación que quedó debidamente asentada en el Diario de Sesiones.
Los legisladores recordaron que el artículo 63 de la Constitución Nacional establece de manera taxativa que, durante las sesiones extraordinarias, el Congreso solo puede tratar los asuntos incluidos en la convocatoria.
El bloque remarcó que la Auditoría General de la Nación es un órgano constitucional de control y que su integración no constituye una cuestión administrativa interna del Congreso. En ese sentido, afirmaron que avanzar en su designación fuera del temario «no fortalece el control del Estado, lo deslegitima».
Los diputados del PRO rechazaron frontalmente la designación y manifestaron que no la convalidan, al considerarla «nula de nulidad absoluta por incompetencia constitucional».
Como consecuencia, anunciaron que promoverán acciones judiciales con el objetivo de restablecer la legalidad y el respeto institucional. Esta medida busca impugnar el acto y sentar un precedente sobre el estricto cumplimiento de la Carta Magna.
En su comunicado, los diputados del PRO también expresaron su malestar por la conducta del oficialismo y señalaron que su bloque había acompañado al Gobierno en momentos difíciles, por considerar necesario un cambio profundo en la Argentina.
Finalmente, sostuvieron un principio fundamental: las instituciones no pueden funcionar por la fuerza de una mayoría circunstancial. El cambio que reclaman millones de argentinos, afirmaron, debe realizarse «con la Constitución en la mano».
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