Los bloques opositores de la Cámara de Diputados iniciaron una nueva ofensiva contra el Gobierno al poner bajo tratamiento la media sanción del Senado del proyecto de ley que restringe la capacidad del Poder Ejecutivo de dictar medidas mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU).
Luego de que en la última sesión la oposición aprobara un emplazamiento, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, y Peticiones, Poderes y Reglamento, se reunió este martes 23 de septiembre de 2025 para tratar las modificaciones al régimen de DNU, en tanto que el martes 30 de septiembre se pasará a la firma para que la iniciativa pueda ser votada en el recinto de inmediato.
El instituto especial de DNU fue diseñado en la reforma constitucional de 1994 con la intención de que los gobiernos de turno pudieran dar respuestas excepcionales en circunstancias extraordinarias. Sin embargo, todos los gobiernos han hecho un uso discrecional y excesivo, usando esta herramienta cuando no existían razones de emergencia que lo ameritasen.
En 2006, a instancias de un proyecto de la entonces senadora Cristina Kirchner, se aprobó la ley 26.122 que blindó los DNU presidenciales y dejó a la oposición de turno prácticamente sin capacidad para derogar los decretos.
“A casi 20 años de la ley 26.122 vemos que lo que debía ser una excepción y un control del presidencialismo se ha convertido lamentablemente en la regla, sobre todo para este Gobierno”, lamentó la diputada de Unión por la Patria Mónica Litza.
El diputado nacional del Frente de Izquierda Christian “Chipi” Castillo cuestionó la existencia misma de los DNU y los definió como atributos “bonapartistas”. “La ley que formuló Cristina Kirchner en el 2006 hace más fácil la aprobación de un DNU que una ley”, recordó.
Por su parte, la diputada nacional del PRO Patricia Vásquez criticó “la hipocresía” del kirchnerismo por impulsar ahora la modificación del régimen de DNUs cuando durante años lo defendieron por conveniencia política.
En contraste, Silvia Lospennato, también del PRO, adelantó su apoyo al proyecto: “Celebro que el sector político que propuso esta ley hoy admita que es anticonstitucional. Porque el PRO viene sosteniendo que esta ley es anticonstitucional desde el primer día, en el 2006”.
La aceleración de la oposición respecto de este tema puso en guardia al Gobierno, que asiduamente echa mano a los DNU para ejecutar políticas en lugar de enviar proyectos de ley al Congreso, algo que está explícitamente prohibido por el artículo 99 de la Constitución (inciso 3).
La ley vigente establece que con la aprobación de una sola cámara del Congreso el decreto queda en pie, pero se necesita del rechazo de ambas cámaras para poder voltear decretos, algo muy difícil de lograr para cualquier oposición.
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