El presidente Javier Milei instruyó a la Secretaría de Transporte, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que comanda Sandra Pettovello, a multar a los gremios de trenes y colectivos que adhirieron al paro del 19 de febrero.
Según información oficial, las sanciones impuestas ascienden a 70 mil millones de pesos para la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) y 20 mil millones de pesos para La Fraternidad.
Ambos gremios se plegaron a la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), incumpliendo así la conciliación obligatoria dictada por las autoridades. Inicialmente se evaluó la quita de la personería gremial, pero la administración optó por redefinir la estrategia y avanzar con multas monetarias.
“Lo que buscábamos era dejar el mensaje de que incumplir con una conciliación es grave. Deben cumplir con la ley”, sostuvo una importante fuente gubernamental.
En caso de que los gremios opten por desconocer el pago de las multas, el gobierno reflotará la idea de aplicar la pena máxima con la quita de la personería gremial. Esta medida marca un precedente en la relación del gobierno libertario con los sindicatos de transporte.
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