El presidente Javier Milei firmó el Decreto 864/2025 que establece por primera vez en más de 20 años los lineamientos estratégicos del Sistema de Inteligencia Nacional, con foco en ciberseguridad, Malvinas, terrorismo y crimen organizado.
El Poder Ejecutivo Nacional aprobó la «Política de Inteligencia Nacional», un documento de 34 páginas que define los objetivos estratégicos y lineamientos que guiarán el accionar de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y todo el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) en los próximos años.
El decreto parte de un diagnóstico crítico sobre el estado del Sistema de Inteligencia Nacional, al que describe con «un deterioro relevante» de más de tres décadas que «socava el funcionamiento de las instituciones democráticas y vuelve vulnerable a la República Argentina frente a diversos riesgos y amenazas».
El documento menciona expresamente los atentados terroristas de 1992 contra la Embajada de Israel y de 1994 contra la AMIA, así como la muerte del fiscal Alberto Nisman, que «constituyó un hecho de suma gravedad institucional».
La política de Inteligencia Nacional define cinco intereses estratégicos que orientarán todas las actividades del sistema:
El anexo del decreto desarrolla diez lineamientos estratégicos con sus respectivos objetivos generales:
Se reconoce que la competencia entre potencias globales «impacta directamente en regiones periféricas como América Latina».
Con foco en operaciones de desinformación que «buscan erosionar la cohesión social, condicionar procesos electorales, alterar percepciones sobre proyectos estratégicos y debilitar la legitimidad institucional».
Incluye aspectos económicos, institucionales, sociales, de defensa y desarrollo científico-tecnológico. Se advierte sobre riesgos como «la captura de talento altamente calificado por actores extranjeros» y «la dependencia tecnológica de plataformas extranjeras».
Sobre la Antártida, el documento destaca que Argentina mantiene presencia ininterrumpida desde 1904 con 13 bases activas. Respecto al Atlántico Sur, se señala «la intensificación de actividades científicas, logísticas y militares por parte de potencias extrarregionales» y se menciona expresamente «la ocupación ilegítima del territorio nacional» en referencia a las Islas Malvinas.
Argentina «por su dotación estratégica de litio, gas no convencional, acuíferos y biomas de alto valor ecológico, enfrenta escenarios de presión simultánea por parte de actores estatales y corporativos».
Se define al ciberespacio como «vector de influencia y superficie de ataque» que permite a actores estatales y no estatales «proyectar poder de forma encubierta, transnacional y con bajo costo relativo».
Incluyendo inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología avanzada y sistemas autónomos, que «redefinen los umbrales operativos en defensa, inteligencia y logística».
El documento advierte que Argentina enfrenta «exposición a redes trasnacionales vinculadas a Medio Oriente, particularmente en zonas de frontera y circuitos informales».
Se lo describe como «una estructura de poder paralela» que se beneficia de «la convergencia de rutas estratégicas, zonas de frontera permeables y circuitos financieros informales».
Definida como «herramienta crítica para detectar interferencias, negar vectores de cooptación y preservar la integridad de los procesos estratégicos del Estado Nacional».
La medida instruye además a la SIDE a dictar una «Estrategia de Inteligencia Nacional» que determinará los cursos de acción concretos para implementar los objetivos establecidos.
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