En una democracia, se supone que cada ciudadano equivale a un voto y que cada voto tiene el mismo peso. Sin embargo, la arquitectura institucional de los sistemas electorales introduce correcciones y desequilibrios orientados a garantizar ciertos fines, surgidos de acuerdos político-institucionales o del cumplimiento de metas constitucionales. Un ejemplo claro es el artículo 1° de la Constitución Nacional, que establece el federalismo, y su impacto en la representación bicameral.
En el sistema bicameral argentino, el componente federal se expresa de manera nítida en el Senado, donde todas las provincias cuentan con la misma representación parlamentaria, con independencia de su población. Esto significa que la cantidad de senadores y senadoras que corresponde a cada provincia no varía según el número de habitantes, lo que responde a la finalidad de evitar que, de la Antártida a La Quiaca, las políticas de Estado queden determinadas exclusivamente por el peso de la demografía.
La Cámara de Diputados, en cambio, responde a un principio diferente. El artículo 45 de la Constitución Nacional establece una representación vinculada a la población y dispone que su distribución debe reajustarse después de cada censo. En términos constitucionales, el Senado representa a las provincias, y la Cámara de Diputados, al pueblo de la Nación.
La última actualización de la representación para la Cámara de Diputados fue con la sanción de la ley de facto 22.847, dictada durante la transición democrática. Esta ley, sancionada por el dictador Bignone, definió que se elegiría un diputado nacional por cada 161.000 habitantes o fracción no menor a 80.500, agregando por cada distrito tres diputados, con un piso mínimo de cinco y la condición de no ser inferior a la cantidad que el distrito tenía al 23 de marzo de 1976.
Este diseño presenta conflictos vinculados a la sobre y la subrepresentación de la población. Algunos son habituales en distintas latitudes, como mitigar el peso de los distritos demasiado grandes sobre los pequeños. Otros se arrastran de definiciones político-institucionales coyunturales que han producido equilibrios y consensos difíciles de romper.
Según el Censo Nacional del año 2022, en la República Argentina viven 17.942.805 habitantes más que en el censo de 1980. Tanto entonces como ahora, el principal distrito del país en cuanto densidad poblacional es la Provincia de Buenos Aires, que disminuyó muy levemente su participación del 38,8% al 38,1%.
A pesar de ello, la representación parlamentaria del distrito alcanza solo el 27,2% de la cámara (70 diputados/as de 257). Siguiendo el principio de representación por cantidad de población, la Provincia de Buenos Aires es el distrito con el nivel más significativo de subrepresentación.
La situación de la Provincia de Buenos Aires no es única. Córdoba pasó del 8,6% al 8,3% de la población, y su representación parlamentaria alcanza el 7% de la cámara. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasó de aproximadamente 10,4% a 6,8%, teniendo una representación parlamentaria del 9,72%. Santa Fe pasó del 8,8% al 7,2%, con un 7,3% de la Cámara.
En el otro extremo, algunos distritos han aumentado su población, como Corrientes, que pasó del 2,3% al 2,6%, y Tucumán, del 3,4% al 3,7%.
| Distrito | Población 1980 | Población 2022 | Representación actual |
|---|---|---|---|
| Provincia de Buenos Aires | 38,8% | 38,1% | 27,2% (70 diputados) |
| Córdoba | 8,6% | 8,3% | 7% |
| CABA | 10,4% | 6,8% | 9,72% |
| Santa Fe | 8,8% | 7,2% | 7,3% |
| Corrientes | 2,3% | 2,6% | 2,7% |
| Tucumán | 3,4% | 3,7% | 3,5% |
Estos ejemplos ilustran los posibles desequilibrios que la evolución demográfica, después de más de 40 años, puede tener sobre la representación.
Si se mantuviera la proporción fijada en 1983 (161.000 habitantes por diputado o fracción no menor de 80.500), la Cámara de Diputados pasaría de tener 257 a 359 representantes. Si se aplicara además el piso histórico que impide que un distrito tenga menos representantes que los que poseía el 23 de marzo de 1976, el total ascendería a 362, debido a que la Ciudad de Buenos Aires conservaría sus 25 bancas en lugar de las 22 que le corresponderían por la fórmula demográfica.
La actualización no podría resolverse simplemente reproduciendo sobre la población actual el criterio utilizado hace más de cuatro décadas: implicaría una ampliación muy significativa de la Cámara. Si se respetara la cantidad de habitantes por diputado de acuerdo con la misma proporción, sería de 262.400 para una población de 45.892.285, y los escaños de la Cámara baja serían 251.
Si los escaños se definieran por este criterio y se mantuviera la representación mínima de cinco representantes por provincia, la mayoría de los distritos mantendría su peso, y los que sufrirían una disminución relevante serían Santa Fe, con dos legisladores menos, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con diez legisladores menos.
Los consensos políticos que habría que lograr para una reforma que afectara estos distritos con una disminución tan importante de su representación constituirían un enorme desafío. Evidentemente, las distorsiones territoriales en la representación proporcional de la población son un problema que el Congreso deberá abordar tarde o temprano.
Sin embargo, la crisis de representación no se agota en la distribución de las bancas. También interviene de manera decisiva la mediación de los partidos políticos, que seleccionan y presentan las candidaturas a los cargos electivos. A ello se suman mecanismos como el arrastre de lista, por el cual la fortaleza electoral de una candidatura puede favorecer a otras candidaturas del mismo espacio, aun cuando estas no cuenten con un nivel equivalente de apoyo.
En un contexto en el que las últimas elecciones muestran un crecimiento significativo del ausentismo y las encuestas registran una valoración negativa de buena parte de la dirigencia política y de las respuestas de las instituciones democráticas a los problemas cotidianos, el problema no parece ser solamente cuántos representantes corresponden a cada distrito, sino también hasta qué punto las y los ciudadanos se sienten efectivamente representados por quienes ocupan esas bancas.
Una discusión orientada por los principios democráticos y constitucionales para actualizar la representación parlamentaria podría contribuir a mejorar el vínculo entre representantes y representados. No obstante, ninguna modificación de la distribución territorial de las bancas resolverá por sí sola una crisis de representación atravesada por fenómenos más amplios, como el creciente distanciamiento entre la ciudadanía, la política y las instituciones.
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