Este 19 de abril, el proyecto de la nueva Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno apuesta a discutir en breve en el Congreso, evidenció desavenencias en el seno del oficialismo de La Libertad Avanza, con pases de factura incluidos. Una tensión que el espacio libertario apuesta a dejar atrás con la sanción del proyecto y a la espera de éxitos en el camino judicial.
De acuerdo a lo informado, el ministerio de Capital Humano inició contactos con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y con los gremios que representan a las casas de estudio durante el mes de febrero. El objetivo era acercar posiciones en torno al nuevo texto, con miras a que en marzo se discutiera y aprobara.
Carlos Torrendell, secretario de Educación, fue la pieza libertaria a cargo de reunir estos consensos. Hasta ese momento, en La Libertad Avanza aseguraban que había entendimiento y todo estaba listo para la discusión parlamentaria, un modo de evitar un escenario judicial adverso como el que se generó posteriormente.
Sin embargo, la estrategia quedó a un lado cuando la normativa no entró en el orden de prioridades para la fuerza libertaria en el Parlamento. Algunos atribuyeron esta determinación a las autoridades del Congreso y su necesidad de apostar exclusivamente a un fallo judicial favorable, algo que finalmente no sucedió.
Frente a esto, algunos diputados del espacio libertario prometen pactos con la oposición más dialoguista para aprobar el nuevo texto, que contiene pautas de recomposición salarial mucho más exiguas que las presentes en la ley 27.795 votada por la oposición durante 2025.
Para el Gobierno, la actual ley, insistida por la oposición, no tiene posibilidad de cumplirse por falta de presupuesto. Por eso, el viernes presentó, con la Procuración del Tesoro de la Nación liderada por Sebastián Amerio, un Recurso Extraordinario Federal a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El objetivo es suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 del texto vigente.
El proyecto que busca consagrar la administración Milei recupera el salario real perdido por los trabajadores docentes y no docentes durante el 2025, pero convalida el recorte fenomenal que hubo en el 2024.
En el texto enviado al Congreso, el Poder Ejecutivo explica esta intención con un eufemismo: afirma que el objetivo de la norma propuesta es “armonizar las necesidades de financiamiento de las Universidades Nacionales” con “las reales posibilidades de financiamiento”.
En pos de este objetivo, todas las voces libertarias prometen trabajo en conjunto, intentando dejar atrás los chispazos que se generaron a raíz de las distintas estrategias detrás del cuidado de las cuentas públicas. El futuro de la normativa dependerá ahora de los avances parlamentarios y judiciales.
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