Buenos Aires, 17 de junio de 2026 – La Libertad Avanza y sus aliados parlamentarios consiguieron esta tarde la mayoría necesaria para firmar el dictamen favorable al proyecto de Ley Hojarasca, que prevé eliminar alrededor de 70 leyes consideradas obsoletas o que restringen libertades ciudadanas, heredadas de gobiernos militares y de gestiones constitucionales del siglo XX.
La iniciativa, ya aprobada por la Cámara de Diputados, fue debatida este miércoles a las 15 horas en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Marquez. Con la firma del despacho, el proyecto queda habilitado para su tratamiento en el recinto de sesiones en un plazo de siete días, aunque se espera que recién sea abordado a mediados de julio, antes del receso invernal.
El senador Coto afirmó que “este proyecto deroga normas obsoletas y es también una forma de ampliar la libertad de los ciudadanos”. Por su parte, Nadia Marquez remarcó que “la calidad institucional no consiste solamente en sancionar nuevas leyes. También implica revisar aquellas normas que han perdido sentido, vigencia o utilidad para los argentinos”. Y agregó: “La Ley Hojarasca es una herramienta para ordenar nuestro sistema normativo, reducir burocracia y avanzar hacia un Estado más eficiente. No se trata de quitar derechos, sino de eliminar regulaciones obsoletas que ya no cumplen ninguna función real”.
Desde la oposición, el senador peronista Martín Soria recordó que esa tarea le corresponde a la Comisión Permanente de Digesto Jurídico —encargada de actualizar las normas y derogar aquellas que perdieron vigencia— y advirtió que “hay leyes que aún tienen vigencia y utilidad”. Cuestionó además el verdadero objetivo de la iniciativa al señalar que podría suprimir normas que garantizan la producción pública de medicamentos, dejando la salud supeditada a laboratorios privados y a la lógica del mercado.
La senadora de Convicción Federal, Carolina Moises, reivindicó el rol de la comisión bicameral y solicitó su puesta en funcionamiento. Criticó la derogación de la ley del teatro y de la ley de música argentina, proponiendo que en lugar de eliminarlas se las actualice o integre a otros cuerpos normativos.
El proyecto apunta contra unas 70 iniciativas consideradas obsoletas por el avance tecnológico. Entre ellas se destaca la Ley 20.120, de la gestión de Lanusse, que “obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos. Representa una violación flagrante de la libertad personal”. También se propone eliminar la Ley 20.983 de 1975, que obligaba a los medios de difusión radial y televisiva a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.
El despacho de mayoría fue rubricado por el oficialismo, el radicalismo, el PRO, Provincias Unidas y bloques provinciales. En tanto, Convicción Federal y el peronismo presentarán dictámenes de minoría. La sesión que dará sanción definitiva al proyecto se perfila para el tramo final del período ordinario, justo antes del receso invernal.
“No se trata de una motosierra, sino de una poda responsable del sistema normativo para devolverle agilidad al Estado sin afectar derechos fundamentales”, sintetizó un vocero del interbloque oficialista.
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