Ley Hojarasca: Un proyecto histórico para limpiar el ordenamiento jurídico argentino
El Gobierno Nacional envió anoche al Congreso de la Nación el proyecto de Ley Hojarasca, una iniciativa que busca derogar aproximadamente 70 leyes obsoletas y eliminar el financiamiento público al Círculo de Legisladores y a la Federación Argentina de Municipios (FAM).
El impulso de Sturzenegger y el renacer del proyecto
Diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la ley había sido enviada en 2024 pero perdió estado parlamentario. Ahora, el Poder Ejecutivo la reintroduce con la convicción de que la nueva mayoría oficialista podrá tratarla este año.

¿Qué leyes caerían con la Hojarasca?
Entre las normas que se buscarían derogar, se encuentran aquellas que limitaban libertades ciudadanas, como:
- Prohibición de protestas en ciertos contextos.
- Imposición de cárcel por defender derechos humanos en ámbitos internacionales.
- La necesidad de un carnet de mochilero.
Estas leyes, consideradas anacrónicas, serían removidas para agilizar el marco jurídico y ampliar las libertades individuales.
El punto más polémico: el financiamiento
El aspecto que genera mayor controversia es la eliminación del financiamiento estatal a dos instituciones clave: el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios (FAM).
En el caso de la FAM, presidida actualmente por Fernando Espinoza, el proyecto establece que “no podrá recibir recursos del Estado Nacional ni de ningún organismo descentralizado o sociedad donde el mismo tenga participación mayoritaria o minoritaria, cualquiera sea su naturaleza jurídica”.
Esta medida afectaría directamente a una estructura de intendentes con fuerte hegemonía en el conurbano bonaerense.

Contexto político: una mayoría oficialista renovada
El oficialismo confía en que, con la nueva mayoría conformada por Fuerzas del Cambio, Elijo Catamarca, Independencia, Producción y Trabajo e Innovación Federal, el proyecto podrá ser tratado y aprobado durante este año.
La Ley Hojarasca representa un paso significativo en la desregulación y modernización del Estado argentino, eliminando trabas burocráticas y redistribuyendo recursos públicos.