Investigación Judicial Enfoca al Gobernador de Chaco por Presunto Esquema Ilegal
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, se encuentra en el centro de una delicada investigación judicial que apunta a un presunto esquema de recaudación ilegal. La causa, que también salpica a la familia Milei-Menem, indaga la relación entre la provincia y la droguería Suizo Argentina, a la que el gobierno chaqueño habría favorecido con millonarias compras de medicamentos e insumos.

Incremento Exponencial en las Compras
Según registros oficiales, el gobierno de Zdero habría aumentado de forma exponencial sus compras a la firma en el último año. Las cifras son contundentes:
- Entre abril y agosto de 2024: Las adquisiciones rondaban los 64 millones de pesos.
- En el mismo período de 2025: La cifra se disparó a más de 472 millones de pesos.
- Órdenes de compra pendientes: Superan los 72 millones de pesos.
Este incremento sospechoso, que refleja una relación cada vez más estrecha, coincide con la alianza política entre Zdero, Karina Milei y la familia Menem.
La Versión Oficial que No Convence
En un intento de desmentir las acusaciones, el ministro de Salud de Chaco, Sergio Rodríguez, emitió un comunicado defendiendo la transparencia de las compras. El funcionario aseguró que Suizo Argentina solo ganó el 13% de los renglones en las licitaciones públicas en las que participó. Sin embargo, este argumento no logra explicar la desproporcionada cantidad de dinero que el gobierno de Zdero le ha derivado a la droguería.
Patrón de Negocios bajo la Lupa
La investigación de Chaco Ahora revela que el vínculo no se limita al Ministerio de Salud. El gobierno provincial también realizó compras a la misma empresa a través de la jurisdicción de Farmacia Social, consolidando un patrón de negocios con una firma que está siendo investigada por la Justicia Federal.
- Compras a través de Farmacia Social en 2024: 91 millones de pesos.
- En 2025: Más de 472 millones de pesos.
Aunque el gobierno de Zdero busca desligarse de las acusaciones, el aumento exponencial en las compras a una empresa vinculada a una investigación por corrupción pone en duda la transparencia de su gestión y lo deja en una situación políticamente comprometida.