Este jueves, el Tribunal Oral Federal Número 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, avanzó con la séptima audiencia del juicio por las anotaciones de Oscar Centeno, conocido como el caso de los Cuadernos de las coimas.
Durante la audiencia, se leyó el requerimiento de elevación a juicio presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante. El organismo antilavado, actualmente encabezado por Paul Starc, ubicó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como la «principal artífice» de una organización criminal dedicada a la recaudación de fondos ilegales durante su administración.
Según la querella, la estructura operó entre 2008 y 2015 y tuvo por finalidad montar un sistema sostenido de recaudación de dinero ilegal «para enriquecerse ilegítimamente y financiar otros delitos», aprovechando la posición de poder de los funcionarios del Ejecutivo nacional.
La UIF sostuvo que Néstor Kirchner y Cristina Fernández estuvieron al frente de la organización, que funcionaba desde la cima del Estado. Los fondos eran entregados alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo o a sus secretarios privados en distintos domicilios, como Uruguay 1306 y Juncal 1411 en la ciudad de Buenos Aires, además de la Residencia de Olivos y la Casa Rosada.
La UIF respaldó sus afirmaciones con las declaraciones del ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti y el financista Ernesto Clarens, quienes manifestaron haber entregado dinero al fallecido secretario presidencial Daniel Muñoz en los departamentos de Juncal y Uruguay en el barrio de la Recoleta.
Según la UIF, los dichos de ambos arrepentidos «refuerzan la participación y el rol de liderazgo de la ex presidenta», al indicar que impartía órdenes, asignaba funciones y decidía continuidad o suspensión de las operaciones.
También se hizo mención a la declaración del antiguo titular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, quien describió una reactivación del esquema de recaudación desde 2012 y precisó que la operatoria se extendió hasta el final del segundo mandato de Fernández de Kirchner.
Ernesto Clarens brindó detalles sobre aportes de firmas como ESUCO, Cartellone, Chediack y Roggio, vinculados, según sus dichos, a la financiación de campañas políticas entre 2012 y 2015.
La querella describió el esquema como un circuito «permanente, dinámico y aceitado», destinado a asegurar retornos ilícitos de empresas contratistas del Estado. Para acceder a obras públicas, concesiones viales o subsidios, las compañías debían entregar un porcentaje de los pagos estatales a funcionarios designados.
En el requerimiento, la UIF citó tramos de resoluciones anteriores que mencionan bolsos con dinero trasladados a domicilios de Recoleta, Olivos o la Casa Rosada, y luego enviados a Río Gallegos, señalando que las evidencias conducen a sostener que el destino final de los fondos eran los expresidentes.
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