Buenos Aires, 2 de julio de 2026. La conducción de Luis Barrionuevo al frente de la Unión de Trabajadores Gastronómicos y Hoteleros de la República Argentina (UTHGRA) enfrenta un nuevo obstáculo. La Secretaría de Trabajo de la Nación, liderada por Julio Cordero, no solo se negó a otorgar el certificado de autoridades que habilita la gestión del sindicato, sino que también acudió a la Corte Suprema de Justicia para defender su postura.
María Fernanda Penas, abogada de la Secretaría de Trabajo (dependiente del ministerio de Capital Humano), presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal. Este recurso se opone a la sentencia de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Trabajo, que había concedido una medida cautelar a favor de Barrionuevo. Dicha medida ordenaba a la cartera laboral expedir, en un plazo de diez días hábiles, un certificado provisorio de las autoridades electas en el gremio.
«Ello en total vulneración a los postulados de la ley 7 26854 como así también contrariando los artículos 195 y 230 del CPCC, y la ley 23551; el Decreto 8 PEN 342/25 y Ley 26944 de Responsabilidad Estatal», expone la presentación.
La Secretaría de Trabajo argumenta que la medida cautelar otorgada a Barrionuevo contraría estos postulados y, por ello, solicitó a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad de la sentencia de la Cámara.
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