Durante la caldeada sesión en la Cámara de Diputados por la nueva Ley de Modernización Laboral, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, lanzó una fuerte acusación al comparar las actuales negociaciones del oficialismo con «la Banelco de los 2000». Esta referencia histórica apunta directamente a uno de los escándalos de corrupción institucional más grandes de la historia democrática reciente, que marcó a fuego a la clase política y significó el principio del fin del gobierno de Fernando de la Rúa.
En abril del año 2000, la gestión de la Alianza (coalición gobernante entre la UCR y el FrePaSo) impulsó en el Congreso la Ley 25.250 de Reforma Laboral. Al igual que ocurre en el debate actual, la iniciativa buscaba flexibilizar las condiciones de contratación, descentralizar los convenios colectivos de trabajo y reducir el poder de los sindicatos, medidas que en aquel momento contaban con el fuerte respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El proyecto oficialista enfrentaba una durísima resistencia por parte de la CGT, que en ese momento estaba dividida y tenía a Hugo Moyano como su líder más combativo. Según denunció públicamente el propio Moyano tiempo después, durante una tensa reunión privada con el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, el sindicalista le advirtió que los senadores del PJ no iban a acompañar el proyecto. Como respuesta, Flamarique le habría dicho que para convencer a los legisladores peronistas el Gobierno tenía «la Banelco», en alusión a la popular red de cajeros automáticos y a la disponibilidad de dinero en efectivo.
La polémica ley de flexibilización laboral finalmente se aprobó en la Cámara alta en medio de fuertes sospechas. Pocas semanas después, estalló el escándalo total: salieron a la luz denuncias anónimas que indicaban que el Gobierno había pagado sobornos millonarios (financiados con fondos reservados de la SIDE) a un grupo de senadores justicialistas y radicales para que levantaran la mano.
El impacto institucional fue devastador. Ante la falta de respuestas claras por parte del presidente De la Rúa, el vicepresidente de la Nación, Carlos «Chacho» Álvarez, presentó su renuncia indeclinable. Esta salida fracturó definitivamente a la coalición gobernante y dejó al Gobierno sumido en una profunda debilidad política, económica y social que desembocaría en el estallido de diciembre de 2001.
Aunque años más tarde, tras un largo y mediático juicio, los acusados (incluidos De la Rúa y Flamarique) terminaron siendo absueltos por la Justicia por falta de pruebas concluyentes, el estigma de «la Ley Banelco» quedó instalado para siempre en el léxico político argentino como sinónimo de compra de votos en el Congreso.
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