El pasado 28 de junio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo que obliga al Gobierno Nacional a poner en marcha de forma inmediata la Ley de Financiamiento Universitario (N°27.795). La decisión fue unánime al rechazar un recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Capital Humano.
El conflicto sobre la aplicación de esta ley llegó hasta la máxima instancia judicial. Sin embargo, la gestión del presidente Javier Milei resaltó que el Congreso de la Nación sancionó la normativa sin especificar de qué partidas se obtendrían los fondos. El Gobierno ratificó que priorizará el superávit fiscal de manera estricta, debido a que si tuviera que aplicarla tendría que desembolsar entre 1,3 y 3,6 billones de pesos.
La medida ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre el financiamiento universitario y la responsabilidad fiscal. Mientras los sectores universitarios celebran el fallo, el Gobierno insiste en la necesidad de mantener el superávit.
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