Jorge Rial y Mauro Federico Denuncian Aprietes del Gobierno en Caso de Corrupción

Periodistas Denuncian Intimidación por Revelar Escándalos de Corrupción

Los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, responsables de filtrar audios comprometedores sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y conversaciones de Karina Milei, acudieron hoy a la Cámara de Diputados de Argentina para denunciar aprietes del Gobierno aimed at silenciar sus investigaciones.

Evento en la Cámara de Diputados de Argentina con presencia de periodistas y legisladores

Contexto de la denuncia en el ámbito legislativo argentino

Detalles de las Amenazas y Intimidación

Rial reveló que el viernes pasado fue intimidado con un automóvil «Falcon verde estacionado en la puerta de su casa», lo que atribuyó a un intento del Gobierno de acallar a la prensa ante los escándalos de corrupción. «Tengo que decir que son coleccionistas o represores porque no hay otra manera de conseguir un Falcon», afirmó el comunicador.

Compromiso con la Investigación y Próximas Revelaciones

Ambos periodistas aseguraron que seguirán publicando pruebas sensibles, incluyendo conversaciones donde directivos de ANDIS incentivaban económicamente a empleados para reducir pensiones de discapacidad. «Lejos de callarnos, mañana vamos a mostrar públicamente más investigaciones sobre esto», advirtió Rial.

«Nos protege la Constitución. ¿Cómo nos van a sacar esa información? ¿Torturándome?» — Jorge Rial

Acusaciones de «Genocidio Planificado» y Corrupción

Mauro Federico calificó la reducción abrupta de pensiones de discapacidad como un «genocidio planificado» por parte del Gobierno, y negó vínculos con servicios de inteligencia extranjeros, como había insinuado la ministra Patricia Bullrich.

  • Próximas Pruebas: Documentación sobre mecanismos de gratificación económica en ANDIS.
  • Créditos Involucrados: Presunto desvío de fondos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El vicepresidente de la comisión de Libertad de Expresión, Christian Castillo, respaldó las denuncias, señalando que los funcionarios «recortaban pensiones en discapacidad mientras se afanaban la guita con las coimas».

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