El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, exigió públicamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que abone una deuda de 27.000 millones de pesos correspondiente a la asistencia brindada a bonaerenses en situación de calle alojados en la capital.
Según informó el Gobierno porteño, en la Ciudad funcionan 61 Centros de Inclusión Social que atienden de manera integral a 4.626 personas las 24 horas. De ese total, al menos 2.327 tienen domicilio en la Provincia de Buenos Aires, por lo que se reclama que la gestión de Kicillof se haga cargo de los costos.
La disputa se basa en el Decreto 373/2025 del Gobierno Nacional, que modifica la Ley de Situación de Calle y Familias Sin Techo, estableciendo que la responsabilidad de la atención a las personas en situación de calle es competencia de cada jurisdicción. Sin embargo, desde la Ciudad acusan a la Provincia de no cumplir con esta normativa.
A su vez, la Provincia cuenta con la Ley 13.956, que crea el Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle, lo que refuerza la obligación de Buenos Aires de atender a sus residentes.
Jorge Macri cruzó a Axel Kicillof desde su cuenta de X (antes Twitter), expresando:
“Es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno”
y destacó que la Provincia debe dar “alojamiento y asistencia” a las personas en situación de calle:
“Es hora de que se hagan cargo, dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley”
.
Paralelamente, los ministros Gabriel Mraida (Desarrollo Humano y Hábitat) y Gustavo Arengo (Hacienda y Finanzas) enviaron un reclamo formal a su par en Economía de la provincia, Pablo López, solicitando “la inmediata transferencia de los recursos necesarios para saldar el monto actualizado de los costos”, incluyendo los futuros y la deuda de períodos anteriores.
El ministro Mraida fue contundente:
“La ley no deja lugar a dudas: cada provincia es responsable de las personas en situación de calle dentro de su territorio. El gobernador de la provincia no lo está cumpliendo”
.
Y añadió:
“Nosotros no vamos a dejar de atender a ninguna persona en situación de emergencia. Pero tampoco vamos a naturalizar que otros no hagan su parte. Cumplir la ley no es opcional. Y hacerse cargo tampoco debería serlo”
.
El conflicto sigue abierto, con la Ciudad exigiendo el pago inmediato y la Provincia aún sin responder formalmente a los reclamos. La asistencia a los más vulnerables se convierte en el centro de una batalla política y económica.
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