Un nuevo incendio registrado el 7 de septiembre en la planta de residuos de El Pantanillo expuso otra vez una falla sensible bajo la administración del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. El predio provincial recibe más de 200 camiones por día desde once municipios y procesa cerca de 8 millones de kilos de basura por mes, pero volvió a producir humo y problemas de visibilidad en las inmediaciones de la ruta nacional 38.
El costo político surge de la repetición en una instalación que depende de la estructura ambiental provincial y concentra residuos de una parte importante del Valle Central.
Las llamas fueron observadas durante la madrugada y quedaron registradas por vecinos de la zona. El episodio no tuvo una causa determinada públicamente y no existe evidencia para afirmar que haya sido intencional ni provocado por funcionarios.
El Equipo Técnico del espacio opositor GENERAR sistematizó el caso en un documento difundido después del fuego. Allí recordó incendios ocurridos en mayo, octubre y noviembre de 2025 y señaló que la reiteración dejó de ser una contingencia aislada.
La enumeración proviene de esa fuerza política, pero coincide con coberturas públicas de los focos anteriores y con la constatación del nuevo episodio del 7 de septiembre.
La escala del predio multiplica el impacto. A los 200 camiones diarios y las 8.000 toneladas mensuales se suma la presencia de trabajadores de cooperativas dedicados a la separación, recuperación y tratamiento de materiales.
Los antecedentes muestran problemas operativos concretos. Durante el foco de noviembre se informó la rotura de una topadora y de una manguera indispensable, mientras trabajadores advirtieron sobre baterías, celulares y otros elementos capaces de reaccionar con el calor dentro de los residuos.
Aquellas explicaciones no determinan la causa del incendio de septiembre, pero prueban que el riesgo ya era conocido y que el predio había sufrido fallas de equipamiento en una emergencia anterior.
La administración provincial había presentado mejoras en el sistema, entre ellas infraestructura hídrica y herramientas para responder ante el fuego. El nuevo episodio, meses después de esos anuncios, volvió a mostrar que la prevención no alcanzó para impedir otra combustión en el mismo complejo.
La existencia de equipamiento no elimina la responsabilidad de mantener controles, clasificación y capacidad operativa acordes con el volumen recibido.
El documento opositor también advirtió que no se conocían mediciones públicas continuas de partículas finas, monóxido de carbono y otros contaminantes durante los incendios.
Esa afirmación debe permanecer atribuida a GENERAR: no equivale a probar intoxicaciones ni permite asegurar que los niveles hayan superado parámetros sanitarios. Sí identifica una carencia de información ambiental en un lugar rodeado por trabajadores, tránsito y barrios que ya habían reportado humo, cenizas y olores.
El nuevo incendio del 7 de septiembre volvió a poner la atención sobre el complejo ambiental, su capacidad operativa y la reiteración de episodios en un predio clave para el tratamiento de residuos del Valle Central. La discusión política y ambiental sigue abierta, mientras la causa del fuego no fue determinada públicamente.
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