Este lunes 29 de junio, el empresario farmacéutico Hugo Sigman se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia. Originalmente, Sigman debía comparecer en mayo, pero su defensa solicitó una postergación para fines de junio, pedido que fue aceptado por la Justicia.
El fiscal Carlos Stornelli sostuvo que el Gobierno nacional rechazó una propuesta inicial de Pfizer presentada en agosto de 2020, que contemplaba la entrega de más de 13 millones de dosis para la Argentina. En lugar de ello, el Ejecutivo avanzó con contratos para adquirir las vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.
Según la acusación, las primeras entregas significativas de esas vacunas comenzaron recién entre marzo y abril de 2021, lo que habría retrasado la disponibilidad de dosis en el país. Stornelli consideró que, si el Gobierno hubiera impulsado las negociaciones con Pfizer desde un primer momento, la Argentina presuntamente habría podido acceder a una cantidad importante de vacunas con varios meses de anticipación.
La fiscalía también sostiene que los expedientes vinculados a Pfizer fueron ocultados y administrados de manera desordenada dentro del sistema electrónico GEDO, permaneciendo durante meses en distintos despachos oficiales sin justificación técnica. Para el fiscal Stornelli, el empresario Hugo Sigman constituye el denominador común de la red investigada.
En ese sentido, se señaló que Sonia Tarragona, quien participó en las negociaciones con Pfizer en representación del Estado, había sido directora general de la Fundación Mundo Sano entre 2008 y 2013. La Fundación Mundo Sano es presidida por Silvia Gold, esposa de Hugo Sigman, un vínculo que forma parte de los elementos analizados por la fiscalía.
Durante la indagatoria en Comodoro Py, Hugo Sigman tuvo la oportunidad de responder a las acusaciones formuladas en el expediente o ejercer su derecho a no declarar. El juez Ariel Lijo continúa reuniendo pruebas para determinar si existieron responsabilidades penales en el proceso de contratación de vacunas durante la emergencia sanitaria. La investigación también alcanza a exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, entre ellos la exministra de Salud Carla Vizzotti.
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