El empresario farmacéutico Hugo Sigman presentó un recurso ante la Cámara de Apelaciones, y el juez Ariel Lijo aceptó la solicitud, suspendiendo la audiencia que debía realizarse este lunes en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro. Según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, es la tercera vez que Sigman evita prestar declaración en el marco de la Causa Vacunas del Covid-19.
Originalmente, la indagatoria había sido programada para mayo, pero la defensa de Sigman solicitó una postergación hasta fines de junio. La Justicia hizo lugar al pedido y fijó la nueva fecha para este lunes. Sin embargo, el empresario volvió a recurrir a la Cámara, logrando una nueva suspensión.
La investigación, a cargo del fiscal Carlos Stornelli, busca determinar si existió un plan deliberado del Estado para favorecer intereses económicos en la producción y adquisición de vacunas, en perjuicio de la salud pública. Entre los implicados figuran exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, como la exministra de Salud Carla Vizzotti.
En su requerimiento, el fiscal Stornelli sostuvo que el Gobierno nacional rechazó una propuesta inicial del laboratorio Pfizer, presentada en agosto de 2020, que contemplaba la entrega de más de 13 millones de dosis para la Argentina. En cambio, el Ejecutivo avanzó con la firma de contratos para adquirir las vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm, suscriptos el 6 de noviembre de 2020, el 9 de diciembre de 2020 y el 10 de febrero de 2021, respectivamente.
Según la acusación, las primeras entregas significativas de esas vacunas comenzaron recién entre marzo y abril 2021, lo que habría retrasado la disponibilidad de dosis en el país. Stornelli consideró que, si el Gobierno hubiera impulsado las negociaciones con Pfizer desde un primer momento, la Argentina presuntamente habría podido acceder a una cantidad importante de vacunas con varios meses de anticipación.
La fiscalía también sostiene que los expedientes vinculados a Pfizer fueron ocultados y administrados de manera desordenada dentro del sistema electrónico GEDO –que utiliza la administración del Estado–, permaneciendo durante meses en distintos despachos oficiales sin una justificación técnica, según la acusación.
Para el fiscal Stornelli, Sigman constituye el denominador común de la red investigada. En ese sentido, señaló que Sonia Tarragona, quien participó en las negociaciones con Pfizer en representación del Estado, había sido directora general de la Fundación Mundo Sano entre 2008 y 2013. Dicha fundación es presidida por Silvia Gold, esposa de Hugo Sigman, un vínculo que forma parte de los elementos analizados por la fiscalía dentro de la investigación judicial.
La causa sigue su curso y se esperan nuevas definiciones judiciales en las próximas semanas, mientras la defensa de Sigman continúa utilizando recursos procesales para evitar la indagatoria.
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