Horacio Rosatti advierte: La emisión sin respaldo viola la Constitución y frena la dolarización

El presidente de la Corte Suprema fija límites constitucionales a la política monetaria

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, afirmó de manera contundente que “la emisión incontrolada de moneda sin respaldo real también está en contra de la Constitución”, al analizar los límites jurídicos de una eventual dolarización de la economía argentina.

Horacio Rosatti hablando en un atril de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, durante una declaración institucional.

En una extensa entrevista, el magistrado explicó que la moneda cumple funciones de medio de intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor, y sostuvo que la Argentina “no puede tener una única moneda que sea extranjera” porque no puede emitirla, acuñarla ni fijarle su valor, lo que “está prohibido en la Constitución”.

La Constitución y la defensa del valor de la moneda

Rosatti recordó que la Carta Magna obliga a “defender el valor de la moneda”, lo que implica una relación directa entre base monetaria y reservas. Advirtió que aumentar la oferta de pesos sin respaldo “disminuye el valor intrínseco” de la moneda nacional.

Dolarización y los límites de la convertibilidad

El titular del máximo tribunal señaló que la dolarización puede ser utilizada como referencia o reserva de valor, pero marcó que la experiencia de la convertibilidad mostró los límites de atar el peso a una economía “mucho más grande y próspera” como la de Estados Unidos.

“Lo que sí puede hacer la moneda argentina es compararse con otra moneda, como ocurrió en la convertibilidad”, indicó, aunque remarcó que esa paridad no es reversible y que la Argentina “no puede regular el valor” de divisas extranjeras como el dólar o el real.

Horacio Rosatti de pie en un ambiente formal con traje oscuro
Horacio Rosatti en un ambiente formal, durante la entrevista donde abordó temas de constitucionalidad.

Independencia judicial y relación con el poder político

Consultado sobre si sus advertencias públicas influyeron en el giro del gobierno de Javier Milei, respondió que sería “presuntuoso” pensarlo y sostuvo que “la que manda es la Constitución”, más allá de cualquier mensaje político. “En lo único que me fijo es en la Constitución y en las leyes”, enfatizó.

Rosatti aseguró que su vínculo con los jefes de Estado con los que convivió en la Corte —Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei— fue “prácticamente nulo” y subrayó que ninguno lo llamó “por el destino de un expediente”.

Otros temas clave de la entrevista

  • Causa Vialidad: Sobre la condena a la expresidenta Cristina Kirchner, Rosatti dijo que terminó ese día con la sensación de haber “cumplido con el deber”.
  • Causa Cuadernos: La comparó en potencial relevancia con el Juicio a las Juntas y con el Lava Jato brasileño.
  • Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023: Remarcó que el trámite constitucional “no ha terminado” y que la Corte decidió esperar la definición del Congreso.
  • Control de constitucionalidad: Sostuvo que en Argentina es “difuso”, por lo que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma.
  • Composición de la Corte: Afirmó que el número ideal es cinco miembros y rechazó la representación territorial o por especialidades jurídicas.
  • Reforma del Código Penal: Consideró que el texto actual está “absolutamente descompensado” y requiere una actualización profunda.
  • Consejo de la Magistratura: Lo defendió como órgano constitucional, destacando que alrededor del 95% de sus decisiones se toman por unanimidad.

El magistrado también se refirió a la demora en cubrir vacantes judiciales, al diálogo institucional con otros poderes del Estado y al uso excepcional de figuras como el “per saltum”.

“Para ser ministro de la Corte hay que saber derecho constitucional, eso es lo más importante”, sostuvo Horacio Rosatti, ironizando sobre la representación por especialidades.

La entrevista, realizada por la Agencia Noticias Argentinas, deja en claro la postura institucional de la Corte Suprema frente a debates económicos y jurídicos de alta sensibilidad para el país.

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