En un fallo judicial que marca un nuevo capítulo en la historia de la inteligencia argentina, el juez Julián Ercolini resolvió sobreseer a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes se desempeñaron como directores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Mauricio Macri. La causa investigaba presuntas actividades de espionaje ilegal contra diversas figuras políticas, sociales y judiciales.
La investigación, que tuvo como principales imputados a los máximos responsables de la AFI (actual SIDE), se centró en supuestas maniobras de inteligencia prohibidas por la Ley Nacional de Inteligencia. El expediente se había originado a partir de numerosas denuncias que señalaban la existencia de una estructura dentro de la AFI destinada a realizar tareas de inteligencia sin autorización legal.
Entre los blancos de estas actividades se encontraban dirigentes políticos tanto oficialistas como opositores, periodistas, jueces, fiscales, sindicalistas, organizaciones sociales e incluso personas detenidas en causas de corrupción. Un elemento central de la causa fue el denominado «Proyecto AMBA», un esquema mediante el cual se habrían instalado bases de inteligencia en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires para recolectar información política y social.
El sobreseimiento fue dictado por el juez Ercolini, quien consideró que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones contra los ex funcionarios.
La decisión judicial ha generado diversas reacciones en el ámbito político y judicial argentino. Tanto Arribas como Majdalani habían enfrentado un prolongado proceso judicial por su presunta participación en actividades de inteligencia ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. El fallo cierra una etapa en una causa que tuvo gran repercusión mediática.
El «Proyecto AMBA» sigue siendo uno de los puntos más controversiales de la investigación. Según las denuncias, este plan habría implicado la instalación de bases de inteligencia en municipios del conurbano bonaerense para monitorear la actividad política y social, sin la debida autorización judicial.
El juez Ercolini, en su resolución, determinó que no existía evidencia suficiente para vincular a Arribas y Majdalani con las actividades ilegales señaladas, lo que llevó a su sobreseimiento.
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