En respuesta a una crisis financiera crítica que comprometía la atención médica de más de 500.000 beneficiarios, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó este 6 de febrero la reestructuración total del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). La medida, anunciada mediante decreto, disuelve el organismo y da vida a dos nuevas entidades autárquicas.
La decisión busca dar respuesta urgente a un colapso operativo y financiero en la sanidad de las instituciones castrenses y de seguridad. Según las perspectivas técnicas del Ministerio de Defensa y la Jefatura de Gabinete, el esquema anterior era inviable debido a irregularidades de gestiones pasadas y un desequilibrio estructural. El pasivo auditado del IOSFA asciende a los 200.000 millones de pesos.
El decreto establece una estructura rígida de asignación de recursos para ambas instituciones, diseñada para garantizar la sostenibilidad:
| Destino | Porcentaje |
|---|---|
| Servicios médico-asistenciales | 80% de los ingresos |
| Gastos administrativos | Máximo del 8% |
| Otras prestaciones sociales | 12% (excedente, si la salud está garantizada) |
Para evitar la repetición de los fallos del pasado, el Ejecutivo ha establecido requisitos estrictos de idoneidad técnica para los miembros de los Directorios de las nuevas entidades. Los directivos deberán acreditar antecedentes en administración y salud. Además, ambas obras sociales estarán sujetas a la auditoría permanente de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), bajo un régimen de incompatibilidades para prevenir conflictos de interés.
La urgencia de esta reestructuración se hace palpable en localidades como Punta Alta, epicentro de la actividad naval. Allí, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) denunció que unas 42.000 personas —más de la mitad de la población local— dependen de esta cobertura y han enfrentado meses de interrupciones en servicios básicos.
El proceso de transición contempla el traspaso ordenado de activos, pasivos y personal desde el extinto IOSFA hacia las nuevas estructuras. Una Comisión Especial Ad-Hoc, integrada por representantes de las carteras de Defensa, Seguridad, Economía y Salud, supervisará que la transferencia no afecte la continuidad del Programa Médico Obligatorio (PMO) ni los tratamientos en curso.
Desde el Gobierno se enfatiza que esta descentralización permitirá una gestión más ágil y alineada con las necesidades específicas de cada fuerza, asegurando la sostenibilidad financiera a largo plazo y la preservación del derecho a la salud de la familia militar y de seguridad.
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