Gobierno de Milei enfrenta obstáculos legales para denunciar a exfuncionario Spagnuolo por presuntas coimas

Crisis en la administración libertaria por audios de supuesta corrupción

Pese a las promesas del presidente Javier Milei, el Gobierno Nacional enfrenta serias dificultades para avanzar judicialmente contra el extitular de ANDIS Diego Spagnuolo, tras la filtración de audios donde admitiría pedidos de coimas desde el Poder Ejecutivo.

Discurso político en evento público

Declaraciones públicas sobre la situación política actual

Falta de sustento legal frena denuncia

Según fuentes oficiales consultadas por Noticias Argentinas, «no existe una figura legal que posibilite elevar a juicio al exfuncionario», cuyos audios desataron la primera gran crisis de la administración libertaria y involucran directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su colaborador Eduardo ‘Lule’ Menem.

«Hasta el momento no tenemos los elementos necesarios para avanzar en la denuncia» – Fuente del despacho presidencial

Milei rompe silencio con declaraciones contundentes

Grupo en vehículo durante actividad política

Ambiente durante actividades de campaña

Contrariando las recomendaciones de su equipo, el presidente Milei se pronunció duramente durante una caravana en Lomas de Zamora: «Todo lo que dice Diego Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió», afirmó sobre quien fuera su amigo, en un acto donde fue escoltado por José Luis Espert y Karina Milei.

Estrategia gubernamental bajo presión

Las palabras de Milei complicaron la estrategia de la Casa Rosada, que carece de herramientas legales para contrarrestar la causa abierta por el abogado Gregorio Dalbón. Desde Balcarce 50 aseguraron que no habrá denuncia «hasta no tener la auditoría completa», a cargo de Alejandro Alberto Vilches del entorno del ministro de Salud Mario Lugones.

Manifestación política con simbología monetaria

Evento político con participación ciudadana

Colaboración con la investigación fiscal

Las filas libertarias manifestaron intención de colaborar con la causa judicial que coordina el fiscal Franco Picardi, presentando informes detallados sobre compras, contrataciones y revisiones técnicas del organismo. «No hay nada comprobado», sentenciaron desde la administración, negando sobreprecios en la compra de medicamentos.

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