Gobierno argentino reitera ante la CIDH pedido de cárcel para Milagro Sala

Argentina solicita a Corte Interamericana el cumplimiento efectivo de la condena

Este 5 de febrero, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Argentina reiteró formalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pedido para que la ex dirigente social Milagro Sala cumpla su condena por corrupción en una cárcel, en lugar de bajo el régimen de prisión domiciliaria que mantiene desde 2017.

Antecedentes de la condena y la prisión domiciliaria

Milagro Sala fue condenada por delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, cometidos mientras lideraba la agrupación Tupac Amaru. Desde hace años, se beneficia de la prisión domiciliaria, pero las autoridades argentinas ahora alegan un incumplimiento de sus condiciones.

Argumentos oficiales: violación de condiciones y fin de privilegios

A través de un comunicado oficial, el Gobierno argumentó que Sala violó las condiciones de su prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin la autorización del juez, lo que activó los sistemas de monitoreo y motivó medidas de control.

“Busca revertir invertir la carga de los hechos y fabricar un relato para sostener un privilegio”, resalta el texto oficial, respondiendo a las acusaciones de “hostigamiento” por parte de la defensa de Sala.

El comunicado gubernamental sostuvo además que “la República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales” y calificó la medida de la CIDH que permite la prisión domiciliaria como “un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres”.

Posición firme del gobierno de Javier Milei

La Subsecretaría de Derechos Humanos reafirmó la posición del gobierno del presidente Javier Milei sobre el fin de los privilegios para condenados con sentencias firmes. El documento agregó de manera contundente: “los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad, mucho menos cuando se enriquecieron a costa de los ciudadanos de bien”.

Este caso marca un nuevo capítulo en la política de justicia y derechos humanos de la actual administración, enfocada en el estricto cumplimiento de las condenas por corrupción.