Buenos Aires, 20 de abril – Uno de los proyectos de ley que comenzará a tratarse en el Senado en el corto plazo es la iniciativa del Ministerio de Salud contra el fraude de pensiones por invalidez laboral, un eufemismo para depurar las listas de beneficiarios, pero que además avanza drásticamente en la flexibilización absoluta de los valores de las prestaciones para personas con discapacidad.
La revisión del régimen de pensiones no contributivas por invalidez le impone al Poder Ejecutivo un reempadronamiento de todos los beneficiarios en un plazo de 90 días hábiles, con una prórroga posible de 30 días adicionales. En ese lapso, los titulares deberán completar el trámite para la actualización de datos médicos y socioeconómicos; caso contrario, la autoridad de aplicación procederá a la suspensión inmediata del pago hasta la regularización.
Si bien se mantiene el monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, el ahorro fiscal se explica por el recorte sustancial en la cantidad de pensiones, a partir del endurecimiento de los requisitos: la invalidez debe ser total y permanente, y se establece la incompatibilidad entre tener trabajo formal (ya sea en relación de dependencia, monotributo o autónomos) y cobrar la pensión por invalidez.
El argumento del Poder Ejecutivo para avanzar en este ajuste es que desde 2003 hasta 2023 se multiplicó 16 veces la cantidad de pensiones pagadas por el Estado, pasando de 76 mil a 1.2 millones de beneficiarios, incluyendo una gran cantidad de casos de fraude por incompatibilidad.
“Numerosas publicaciones han destacado que ni siquiera países que han atravesado guerras han tenido semejante incremento en su población de personas con invalidez”, se indica en los fundamentos del proyecto. “Los procesos de auditoría y verificación implementados por esta Administración han permitido identificar un conjunto significativo de irregularidades en el acceso y percepción de dichas prestaciones”.
Según señalaron fuentes parlamentarias de Unión por la Patria, el planteo oficialista a favor de depurar las listas es un “caballo de troya” que esconde un objetivo “perverso”: la liberalización absoluta de los precios de las prestaciones por Discapacidad, lo que podría provocar reducciones drásticas de coberturas al servicio de la recomposición de la renta de empresas de medicina prepaga.
Hasta ahora, la Superintendencia de Servicios de Salud fija aranceles universales para cada tipo de prestación. Con la reforma propuesta, se terminan los precios fijos y se habilitaría a cada prepaga u obra social a eventualmente congelar aranceles, lo que podría traer aparejado la repetición traumática de la crisis que vivió el sector de discapacidad el año pasado.
El desencadenante de aquel conflicto fue el congelamiento de las prestaciones desde octubre de 2024, situación que la ley de emergencia en Discapacidad aprobada con mayoría opositora vino a corregir. En la Cámara alta, el oficialismo cuenta con una mayoría cómoda para blindar la aprobación, pero la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, garantizó un esquema de trabajo razonable, sin apurar los tiempos.
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