Luego del estrepitoso fracaso en el Senado en mayo del año pasado, la iniciativa para impedir que personas condenadas por delitos graves accedan a cargos públicos renace de la mano de la diputada Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas.
La iniciativa presentada establece la inhabilitación para ser candidato a cargos electivos nacionales cuando exista una condena confirmada por un tribunal de alzada (doble conforme) por delitos graves, incluso sin sentencia firme. La inhabilitación se mantiene durante el cumplimiento de la pena y hasta diez años después.
La verificación de estos requisitos estará a cargo de la Justicia Electoral, y el Registro Nacional de Reincidencia llevará un registro público actualizado.
«Este es mi aporte a una discusión que tenemos que dar entre todos. La Argentina no parte de cero, pero necesita reglas más claras para recuperar la confianza», sostuvo Gisela Scaglia.
La diputada destacó el precedente de Santa Fe, donde primero se sancionó una ley similar y luego se incorporó a la Constitución Provincial. «Eso demuestra que se puede, ahora le toca a la Argentina», agregó.
Para Scaglia, «en este tema no hay grises». «Las instituciones se defienden con reglas claras y la política tiene que dar el ejemplo», resaltó.
El proyecto se basa en los artículos 16, 37 y 36 de la Constitución Nacional, que establecen el principio de idoneidad, garantizan los derechos políticos y prevén la inhabilitación por delitos graves contra el Estado.
Scaglia argumenta que el derecho a ser elegido «admite reglamentaciones razonables cuando se encuentra en juego la idoneidad para el ejercicio de la función pública». Además, señala que países como Brasil, Italia y España ya cuentan con normas similares de Ficha Limpia.
En mayo del año pasado, un proyecto de Ficha Limpia consensuado entre el oficialismo y el PRO, que ya tenía media sanción de Diputados, naufragó en el Senado. Obtuvo 35 votos negativos y 36 afirmativos, faltando un voto para alcanzar los 37 necesarios para su aprobación.
La iniciativa de Scaglia también lleva las firmas de sus pares de Provincias Unidas María Inés Zigarán, Carolina Basualdo y José Nuñez.
Retoma una demanda social impulsada por el movimiento de Ficha Limpia, liderado por Ignacio Marra, que llegó a sumar más de 490.000 firmas de ciudadanos exigiendo mayor ética e integridad en la función pública.
La presentación de este proyecto reaviva el debate sobre los estándares de probidad para quienes aspiran a gobernar, en un contexto donde la confianza en las instituciones es primordial.
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