Gabriel Romero: Empresario clave en coimas de la Hidrovía busca evitar juicio con millonaria reparación

Gabriel Romero, figura central en la Causa Cuadernos, confesó pagos de coimas por US$600.000 para la Hidrovía Argentina

Gabriel Romero, dueño del holding Emepa y actor clave en negocios ferroviarios y de dragado en Argentina, se encuentra en el centro de la Causa Cuadernos. Tras admitir el pago de coimas por US$600.000 para obtener un decreto favorable a su empresa Hidrovía, ahora busca eludir el juicio oral mediante una «reparación integral» de más de $510 millones.

Maleta con dinero en efectivo, representando pagos ilegales

Escena que alude a los pagos de coimas confesados por Romero

Los negocios de Romero: ferrocarriles, dragado y publicidad

El imperio empresarial de Romero se sustenta en tres pilares de contratación estatal:

  • Negocios Ferroviarios: A través de Ferrovías, controló la concesión de la línea Belgrano Norte desde 1994. Su holding, Emepa, también gestionó las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y Roca hasta 2014.
  • La Hidrovía: Su empresa Hidrovía S.A., en sociedad con la dragadora belga Jan de Nul, controla el sistema de transporte fluvial Paraná-Paraguay, vital para el 20% de las cargas del país.
  • Publicidad en la Ciudad: A través de PC Vía Pública, manejaba parte del mobiliario urbano del Gobierno porteño.

Hombre hablando con micrófono y barcos de carga de fondo, relacionado con la Hidrovía

Contexto fluvial vinculado a la Hidrovía Argentina

De arrepentido a la estrategia de reparación económica

La confesión de Romero ante el fiscal Carlos Stornelli detalló dos pagos de US$300.000 cada uno para que el gobierno de Cristina Kirchner firmara el decreto de extensión de la concesión de la Hidrovía. Además, admitió entregar 15% de los subsidios al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y un «retorno adicional» anual de 500.000 dólares para mantener Ferrovías.

Ahora, Romero se sumó a 40 empresarios que buscan evitar el juicio oral—programado para iniciar el 6 de noviembre—mediante una compensación económica de $510.298.166. Esta estrategia, opuesta por la UIF y la fiscalía, podría extinguir la acción penal en su contra.

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