En una sesión reciente, el Senado argentino dejó al desnudo la profunda fractura política al no poder acordar una declaración conjunta sobre el 24 de marzo de 1976, fecha que marcó el inicio de la última dictadura cívico-militar en el país.
Desde 2003, con la llegada de Néstor Kirchner al poder, se generalizó un pacto social e político basado en el «Nunca Más», una tolerancia cero hacia cualquier reivindicación del terrorismo de Estado y una visión que concentraba la responsabilidad de las atrocidades en la dictadura genocida.
Durante años, la llamada «teoría de los dos demonios» –que equiparaba la violencia de las organizaciones guerrilleras con la represión estatal– quedó reducida a expresiones marginales, sin penetración real en la sociedad.
En la última década, voces que propugnaban una «Memoria Completa» comenzaron a filtrarse en los intersticios de una sociedad golpeada por crisis económicas y sociales. Sin embargo, fue con la llegada a la presidencia de Javier Milei y a la vicepresidencia de Victoria Villarruel que esta visión se convirtió en la política oficial del Estado argentino.
El debate congresional evidenció que, incluso ante un hecho tan siniestro y definitorio para la historia nacional, la base de consensos mínimos se ha resquebrajado, reflejando una polarización que trasciende la mera interpretación del pasado y se proyecta sobre la identidad política actual de Argentina.
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