El Senado firma dictamen para pagar US$171 millones a fondos buitres: la ley se trataría en la primera semana de mayo

Acuerdo en comisiones del Senado

En un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto y Hacienda, La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas firmaron un dictamen que autoriza al Gobierno a pagar US$ 171 millones a los denominados fondos buitres. La iniciativa podrá ser aprobada en la primera semana de mayo, según informaron fuentes legislativas.

Detalles del dictamen

El dictamen autoriza el pago de US$ 67 millones a Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. El desembolso se realizará de forma simultánea a la acreditación de los bonos, libres de todo gravamen, para su inmediata cancelación y extinción.

“Se gana terminar con los embargos y no tener más órdenes de entrega sobre acciones de YPF”, afirmó la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

El oficialismo había señalado inicialmente que el plazo para aprobar la ley vencía el 30 de abril, pero finalmente se logró una prórroga hasta el 31 de mayo para tener la ley sancionada. Así lo informó el senador Agustín Monteverde, quien agregó que “concluir este tema significa extinguir litigios con los dos principales acreedores que quedan en situación de hold out con la República Argentina”.

Beneficios del acuerdo

• El acuerdo implica una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes.
• Permite cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial.
• Evita el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York.
• Resuelve múltiples causas judiciales, incluyendo Attestor No. 14 Civ. 5849 y las acciones de TRINITY INVESTMENT DAC.

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, comunicó a los legisladores que el vencimiento de los acuerdos se prorrogará hasta el 31 de mayo, dando margen para la aprobación legislativa.

Un cierre al default de 2001

Según destacó Patricia Bullrich, “este proyecto es un cierre al default del año 2001”. En los fundamentos del proyecto, el Gobierno pide su aprobación para evitar caer en litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas.

La autorización del Congreso permitirá al Gobierno cumplir con los Acuerdos de Conciliación y levantar los embargos sobre activos argentinos.