El Frente Renovador impulsa un Sistema Nacional de Integridad que abarca a los tres poderes del Estado

El miércoles 3 de junio, mientras en el Congreso se debatía en un plenario de comisiones el proyecto de ley de lobby enviado por el Poder Ejecutivo, el Frente Renovador dio un paso adelante presentando una iniciativa mucho más amplia: el Sistema Nacional de Integridad y Ética Pública. Con el respaldo de diputados de Unión por la Patria como Victoria Tolosa Paz y Graciela Parola, el diputado nacional Sebastián Galmarini encabezó la propuesta que busca modernizar los mecanismos de prevención de la corrupción y fortalecer la transparencia en la gestión pública para los tres poderes del Estado.

Un proyecto que va más allá del lobby oficial

A diferencia de la iniciativa del Gobierno, que se limita a regular las prácticas de gestión de intereses en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, la propuesta de Galmarini extiende su alcance al Poder Judicial y al Ministerio Público. “Pareciera que el proyecto del Gobierno solo tuviera como fin buscar un tweet. Y no quiero caer en la chicana de hablar de la causa Andis o el caso Adorni; queremos hacer un aporte para que esto no le vuelva a pasar a nuestro país sistemáticamente”, disparó el legislador durante el debate.

La iniciativa apunta a “unificar la legislación” y “modernizar los procesos, los plazos, las funciones, los límites y todos los márgenes de actuación institucional”, explicó Galmarini, subrayando los cambios que han experimentado los trámites administrativos en los últimos años.

Principales innovaciones del Sistema Nacional de Integridad

El marco integral propuesto reemplaza la lógica exclusivamente reactiva frente a los hechos de corrupción por un modelo preventivo, basado en políticas públicas de integridad, mecanismos de detección temprana, transparencia activa y rendición de cuentas. Entre sus ejes centrales se destacan:

• Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales y de Intereses más exigente: Obligatorio para autoridades de los tres poderes, organismos de control, empresas públicas, fuerzas de seguridad y otras áreas sensibles. Las declaraciones deberán incluir información patrimonial detallada, antecedentes laborales y vínculos de interés, y serán de acceso público mediante plataformas digitales y formatos abiertos.
• Regulación integral de conflictos de intereses: Diferencia entre conflictos reales, potenciales y aparentes, estableciendo obligaciones de abstención, mecanismos de transparencia adicionales y procedimientos para evitar interferencias privadas en decisiones públicas.
• Capítulo de antinepotismo: Prohibición de designar o contratar familiares en organismos bajo la órbita de funcionarios, así como designaciones cruzadas entre dependencias estatales. Las designaciones violatorias serán nulas.
• Restricciones a la “puerta giratoria”: Limitaciones para quienes abandonan cargos públicos y luego se desempeñan en empresas o actividades vinculadas con las áreas que regulaban o supervisaban desde el Estado.

“La transparencia y la integridad no pueden depender únicamente de la sanción posterior de los hechos de corrupción. Es necesario construir un sistema que prevenga, detecte y corrija las irregularidades antes de que produzcan daño al Estado y a la ciudadanía”, señaló Galmarini en los fundamentos del proyecto.

Un paso hacia una ética pública preventiva

Con esta propuesta, el Frente Renovador busca consolidar un entramado institucional que actúe antes de que los conflictos y la corrupción generen perjuicios. Mientras el debate en el Congreso avanza, el proyecto de Galmarini pone sobre la mesa la necesidad de una reforma integral que trascienda la regulación del lobby y abarque todas las aristas de la integridad pública. Ahora será el turno de las comisiones evaluar ambas iniciativas y definir el rumbo de la legislación.