DNU de Inteligencia: Agentes de la SIDE Podrán Aprehender en Flagrancia

Gobierno Nacional Emite DNU que Redefine el Rol de la Inteligencia

Este 2 de enero de 2026, el Gobierno nacional dio inicio al año con la firma de un polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica profundamente las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Edificio gubernamental clásico en Buenos Aires, sede de instituciones públicas
Edificio gubernamental en Buenos Aires, contexto donde se discute el nuevo protocolo de inteligencia.

¿Qué Habilita el Nuevo Decreto 941?

El decreto 941 autoriza expresamente a los agentes de la SIDE a detener o aprehender personas «en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia».

Esta potestad, sin embargo, viene con una condición clave: los agentes deberán dar «aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes» tras realizar una aprehensión.

Elaboración de un Protocolo para Regular las Aprehensiones

Mientras la medida genera fuertes críticas, el Poder Ejecutivo ya avanza en la confección de un protocolo específico para regular estas intervenciones. Según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, este protocolo buscará establecer con precisión:

  • Bajo qué circunstancias puntuales los agentes estarán habilitados para aprehender.
  • Qué personal estará específicamente afectado a dichas tareas de inteligencia operativa.

Reacción de la Oposición y Cambios en el Control Interno

Desde los sectores opositores no tardaron en llegar las denuncias, calificando al DNU como el montaje de un «Estado policial» dedicado a la «persecución».

Paralelamente, el decreto introduce un cambio institucional significativo: las actividades de la SIDE, cuyo control político está en manos del asesor presidencial Santiago Caputo, pasarán a estar bajo la órbita de la nueva Inspectoría General de Inteligencia (IGI). Este organismo reemplaza a la antigua División de Asuntos Internos.

La medida marca un punto de inflexión en las operaciones de inteligencia en Argentina, generando un intenso debate entre seguridad y garantías ciudadanas.

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