El grupo HLB Pharma-Ramallo, vinculado a las ampollas de fentanilo que provocaron 52 muertes y 76 intoxicaciones, importó maquinaria china mediante el régimen SIRA durante el gobierno de Alberto Fernández para instalar un laboratorio en Ciudad del Este (Paraguay), uno de los vértices de la Triple Frontera.
La planta, ubicada en el Complejo Empresarial Global sobre ruta PY02, contaba con tecnología para sintetizar opioides. La empresa trianguló US$4.5 millones en equipos más US$556.000 en insumos mediante Panamá, accediendo a dólares oficiales.
La Dirección General de Aduanas denunció en 2023 sobrefacturación para obtener más dólares subsidiados. Las máquinas fueron enviadas directamente a Paraguay, violando las reglas SIRA. Meses antes de la tragedia, la Procunar recibió denuncias anónimas sobre venta de drogas en las plantas de San Isidro y Ramallo.
Ariel García Furfaro cumplió condena por intento de homicidio y estuvo vinculado al laboratorio Apolo de Rosario (caso efedrina). Operarios de Ramallo provenían de Rosario, investigándose conexiones con el clan Cantero.
La justicia federal investiga si esta estructura facilitó la producción del fentanilo adulterado en la mayor tragedia sanitaria del año, con el juez Ernesto Kreplak y el juzgado de Pablo Yadarola analizando contrabando agravado y lavado.
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