Juez Costabel acusado de abuso de autoridad al impedir visitas legales a Lázaro Báez
La abogada Yanina Nicoletti presentó una denuncia penal contra el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, Néstor Guillermo Costabel, por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La acción judicial, ingresada el 10 de octubre, alega que el magistrado dictó una “prohibición arbitraria, infundada y manifiestamente ilegal” al impedir el ingreso de dos letrados al penal de Ezeiza para entrevistar a su defendido, Lázaro Báez.

Vulneración de derechos fundamentales
Según la denuncia, esta medida habría vulnerado el derecho de defensa en juicio, el debido proceso y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Los abogados Florencia M. González y Lucas H. Nicoletti, colaboradores directos del estudio jurídico de Báez, fueron bloqueados justo antes de actividades procesales vinculadas a la salud del detenido.
Antecedentes de presuntas irregularidades
Nicoletti advirtió que esta no sería la primera vez que Costabel obstruye el trabajo de la defensa. En julio pasado, el juez también habría denegado su acceso al penal, lo que derivó en un habeas corpus presentado ante un juzgado de Río Gallegos. El juez Jorge Gorini intervino y finalmente habilitó la visita.
Intento de imponer condiciones irregulares
La denuncia señala que el magistrado habría intentado imponer condiciones como la revisión de documentos intercambiados entre Báez y sus defensores, lo que —según la letrada— violaría el secreto profesional.
Pruebas y pedido al Consejo de la Magistratura
La abogada aportó múltiples pruebas, incluyendo correos electrónicos enviados al Servicio Penitenciario Federal, registros de comunicaciones con funcionarios penitenciarios y testimonios de actores judiciales. Además, solicitó que se informe al Consejo de la Magistratura para evaluar la conducta de Costabel en términos disciplinarios.
La presentación judicial acusa al magistrado de incurrir en los delitos tipificados en los artículos 248 y 249 del Código Penal, en su carácter de funcionario público.