La defensa de Cristina Kirchner sostiene que los límites impuestos a las visitas durante su prisión domiciliaria vulneran sus «derechos políticos y partidarios», al supeditar su interrelación con otros dirigentes a autorización judicial previa.
Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy advirtieron que el requerimiento de fundamentar cada visita fuera del listado autorizado generaría un «desgaste jurisdiccional». El Tribunal Oral Federal 2 recibió 702 pedidos de visita tras la difusión pública de la dirección electrónica oficial por el abogado Gregorio Dalbón.
El presidente del tribunal y juez de ejecución, Jorge Gorini, derivó todas las solicitudes a los defensores, recordando que la normativa exige que sean ellos quienes canalicen los pedidos con su respectiva fundamentación.
El recurso será analizado por la Sala IV de la Cámara de Casación integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña – mismos magistrados que confirmaron la condena a 6 años en la causa Vialidad.
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