La Corte Suprema de Justicia de la Nación reiteró su reclamo al Congreso para que designe al Defensor del Pueblo, cargo que se encuentra vacante desde el año 2009, y sancione una ley que regule los procesos colectivos en el país.
En un voto conjunto, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz destacaron que la falta de un Defensor del Pueblo condicionó el trámite del expediente, impidiendo que se adaptara la demanda a los requisitos fijados por la Corte para procesos colectivos.
El juez Ricardo Lorenzetti sostuvo que “la extensa demora en la resolución de esta causa se debió, fundamentalmente, a la prolongada acefalía en el cargo de Defensor del Pueblo”, y advirtió que este organismo no tenía legitimación para representar colectivamente a los jubilados en cuestiones patrimoniales.
El caso se originó en 2007 con una acción presentada por el entonces Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, quien buscaba aplicar el criterio de movilidad salarial del fallo Badaro a todos los jubilados. La demanda fue rechazada por la Cámara de la Seguridad Social y luego apelada ante el máximo tribunal.
La Corte recordó precedentes como el fallo Halabi de 2009 y emphasized que lleva más de 15 años solicitando sin éxito una ley que reglamente los procesos colectivos en Argentina.
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