La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia originaria en una causa iniciada por la provincia de Santa Cruz contra el Estado Nacional, por un reclamo de casi 600 millones de pesos en compensaciones del Consenso Fiscal 2017.
En la presentación, impulsada por el gobernador Claudio Vidal, la provincia sostuvo que el Estado nacional incumplía el envío de fondos comprometidos para cubrir la disminución de recursos de 2018, originada en cambios en Ganancias y en el impuesto a los créditos y débitos, según consta en el expediente.
La demanda recordó que el acuerdo estableció transferencias diarias y automáticas, destinadas a infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, productiva, de vivienda o vial, con actualizaciones trimestrales por inflación. Además, la Ley 27.431 dispuso que el Estado debía efectuar esas compensaciones a las provincias adheridas y cumplidoras.
Santa Cruz reclamó el pago de 589,3 millones de pesos por períodos de 2023 y los meses de enero y febrero de 2024. Al mismo tiempo, pidió una cautelar innovativa para asegurar la disponibilidad de fondos mientras avanzaba el proceso, al considerar que la falta de transferencias generaba un daño actual.
Este fallo de la Corte Suprema marca un precedente significativo en las disputas fiscales entre la nación y las provincias, reafirmando los mecanismos de compensación pactados.
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