Este viernes 5 de junio de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la extradición de Diego Hernán Dirisio y su esposa, Julieta Vanesa Nardi Aranda, detenidos en la provincia de Córdoba y requeridos por la Justicia de Brasil. Ambos están acusados de integrar una organización dedicada al tráfico internacional de armas y al lavado de activos. El fallo deja la decisión final en manos del Poder Ejecutivo, que deberá definir los plazos y condiciones de la entrega.
Según la investigación brasileña denominada “Dakovo”, el empresario Dirisio operaba desde Paraguay aprovechando la importación legal de armamento adquirido en países como Croacia, Turquía, República Checa y Eslovenia. Sin embargo, gran parte de esos envíos terminaba en manos de las organizaciones criminales PCC (Primer Comando Capital) y Comando Vermelho, dos de las facciones más violentas de Brasil. Los investigadores estiman que desde 2012 la empresa vinculada a Dirisio importó unas 25.000 armas, por un valor superior a los 230 millones de dólares.
Antes de cruzar la frontera, las armas eran acondicionadas en Ciudad del Este, donde se les eliminaban los números de serie para borrar todo rastro y dificultar el rastreo. Luego eran trasladadas de manera ilícita hacia Brasil, abasteciendo a las estructuras del narcotráfico y el crimen organizado.
La pesquisa reveló que los pagos se canalizaban mediante una red de cambistas informales que operaba entre Paraguay y Estados Unidos, enviando fondos a los proveedores europeos. Este sofisticado esquema permitió blanquear las ganancias y sostener el flujo de armamento durante más de una década.
La Justicia brasileña ordenó la captura de ambos en noviembre de 2023. Permanecieron prófugos hasta febrero de 2024, cuando fueron detenidos por Interpol en la provincia de Córdoba. En enero de 2026, un juzgado federal cordobés concedió la libertad caucionada a Dirisio con una fianza de 10 millones de pesos y prohibición de salir del país, medida que ahora podría revertirse con la confirmación de la extradición.
La decisión de la Corte Suprema argentina allana el camino para que Brasil juzgue a la pareja por delitos que impactaron en la seguridad de toda la región. Se espera que en los próximos días el Poder Ejecutivo defina el mecanismo de entrega, en un caso que expone los vínculos entre el tráfico internacional de armas y el fortalecimiento de las grandes facciones criminales sudamericanas.
“Las armas ingresaban legalmente a Paraguay y luego se desviaban hacia Brasil con la numeración eliminada, alimentando al PCC y al Comando Vermelho”, detalló la acusación fiscal.
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