Controversia por Millonario Gasto en Pasajes Aéreos del Ministerio de Justicia

Adjudicación Millonaria en Pasajes Genera Dudas sobre Transparencia

El 14 de agosto de 2025, el Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona, adjudicó un contrato por $648.779.200 para la compra de pasajes aéreos, terrestres, internacionales y asistencia al viajero. La decisión ha desatado polémica debido a que la segunda oferta presentada era casi $34 millones más económica, y no se estableció un precio testigo de referencia.

Modalidad y Alcance de la Contratación

La licitación se realizó bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, con un plazo inicial de 12 meses prorrogables. Este esquema permite al Estado contratar servicios dentro de topes máximos de gasto, pudiendo extenderse hasta 2026 sin reabrir la licitación, lo que otorga flexibilidad pero reduce la transparencia frente a variaciones de mercado.

Detalles de los Gastos y Comisiones

• Pasajes aéreos nacionales: $255.000.000
• Pasajes aéreos internacionales: $250.000.000
• Pasajes de ómnibus y trenes: $30.000.000
• Asistencia al viajero: $34.500.000

Además, se incluyen comisiones fijas por gestión: $76.230 por trámite para pasajes nacionales, $91.476 para internacionales, y $25.410 para terrestres. Estos fees no fueron clarificados detalladamente en la documentación, generando dudas sobre sobrecostos.

Empresas Involucradas y Evaluación

Los dos oferentes fueron Sudameria Incoming Solutions SRL (adjudicataria) e ITS International Travel Services SA (oferta de $614,9 millones). El dictamen de evaluación del 6 de agosto de 2025 otorgó 90 puntos a Sudameria y 80 a ITS, priorizando criterios técnicos. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) indicó que no pudo determinar un precio testigo, lo que dificulta la comparación con el mercado.

Implicancias Políticas y Llama do a la Auditoría

Esta decisión ocurre en un contexto de cuestionamientos a la gestión de Cúneo Libarona, incluyendo demoras en implementación de sistemas judiciales y tensiones con jueces federales. Se exige transparencia en los detalles de emisiones y comisiones para asegurar el control del erario público.