El Consejo de la Magistratura formuló hoy la acusación contra el juez federal de San Isidro, Martín Poderti, por presunto mal desempeño en sus funciones, relacionado con la desaparición de 144 monedas de oro que estaban bajo su custodia cuando se desempeñaba como secretario en ese mismo juzgado.
Según la investigación administrativa, Poderti era el único funcionario con acceso a la caja de seguridad del Banco Nación donde se guardaban las monedas, y poseía las dos llaves necesarias para abrirla. Se comprobó que ingresó al resguerto en al menos 19 oportunidades sin dejar constancias en el expediente, incluso durante períodos de licencia.
El peritaje bancario determinó que la caja no presentaba signos de violencia ni de apertura fraudulenta, lo que reforzó la hipótesis de que la sustracción se produjo sin intervención externa.
Por este hecho, la Justicia Penal mantiene al magistrado procesado por malversación de caudales públicos, resolución que fue confirmada en dos instancias. La acusación ante el Consejo sostuvo que la evidencia es “directa y contundente”, al señalar que la combinación del acceso exclusivo, la falta de registros y el faltante configura un “quiebre de la confianza pública” y demuestra la “pérdida de idoneidad” necesaria para continuar en el cargo.
En tanto, la defensa del juez planteó que los hechos ocurrieron antes de su designación como magistrado, y que por esa razón no correspondería juzgarlo ahora. Además, sostuvo que el juzgado presentaba deficiencias de control y que la desaparición podría haber sido ejecutada por terceros.
El magistrado, al ejercer su defensa, reconoció haber ingresado a la caja de seguridad, pero negó haber sustraído las monedas. Dijo que entregó las llaves voluntariamente y que desconocía el faltante. Asimismo, denunció haber sido blanco de ataques mediáticos y afirmó que su carrera judicial fue “siempre intachable”.
El Consejo deberá resolver ahora si la falta de custodia y control de los bienes judiciales constituye un caso de mal desempeño suficiente para su remoción, aun cuando el proceso penal no haya concluido. La discusión, según fuentes del cuerpo, se centra en el plano ético e institucional: la preservación de la confianza pública, la integridad y la idoneidad en el ejercicio de la magistratura.
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