Buenos Aires, 16 de junio de 2026 – El Gobierno nacional oficializó este lunes la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata a partir del 21 de septiembre de 2026, mientras que la puesta en marcha en Córdoba fue reprogramada para el 8 de marzo de 2027. La medida, que introduce el sistema acusatorio, quedó plasmada en la Resolución 275/2026 publicada en el Boletín Oficial.
La reforma transforma el proceso penal al otorgar a los fiscales la dirección de las investigaciones, mientras que los jueces se concentran en el control de legalidad. El objetivo es acelerar los tiempos mediante audiencias orales, mayor digitalización y una separación clara de funciones entre las partes. Además, se fortalece la participación de las víctimas en cada etapa.
Según fuentes oficiales, la jurisdicción platense mostró avances decisivos en infraestructura, incorporación de tecnología y capacitación de operadores judiciales. Entre las herramientas desplegadas se destacan los sistemas UFED para el análisis de evidencia digital, así como nuevas salas de audiencias dotadas de recursos audiovisuales y conectividad de última generación.
La región abarca puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y los puertos de La Plata y Dock Sud, lo que hace prioritario un sistema penal ágil. La fecha ya había sido ajustada en dos ocasiones –inicialmente prevista para mayo y luego para noviembre– hasta que finalmente se fijó este 21 de septiembre.
Las mejoras en equipamiento y conectividad fueron determinantes para la puesta en marcha en La Plata.
En el caso de Córdoba, la implementación sufrió una nueva demora. El cambio estaba previsto para junio de 2026, pero fue reprogramado para marzo de 2027. Entre los motivos se mencionan vacantes en tribunales federales y la situación institucional que atraviesa la Cámara Federal cordobesa, factores que obligaron a revisar el cronograma.
«El nuevo sistema ya muestra resultados positivos en las jurisdicciones donde fue aplicado. La tasa de resolución de casos pasó del 43% al 82%«, señalaron desde el Ministerio de Justicia.
Ese salto se explica por un esquema basado en oralidad, celeridad procesal y mayor protagonismo de las víctimas en las investigaciones y audiencias. La implementación escalonada busca replicar esos números en todo el país, empezando por La Plata y más tarde en Córdoba.
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