El gobierno de la provincia de Neuquén dispuso la cesantía de Nicolás Evaristo Salvatori, hijo del ex gobernador Pedro Salvatori, luego de comprobar que el empleado fichaba su ingreso en el Ministerio de Energía y se retiraba en menos de medio minuto sin cumplir funciones.
La administración provincial que encabeza Rolando Figueroa (La Neuquinidad) llevó a cabo un sumario que se inició el 12 de junio de 2025. El objetivo era determinar si Salvatori, agente de planta permanente, había incurrido en «falta injustificada continua y discontinua» y en un supuesto abandono de cargo.
Videos de cámaras de seguridad y fotografías fueron decisivos para demostrar las irregularidades. En cinco registros fílmicos correspondientes a los días 26, 27 y 28 de mayo, y 2 y 4 de junio de 2025, se observa a Salvatori fichar y retirarse inmediatamente.
Los auditores establecieron que las faltas ocurrieron entre el 1 de julio de 2020 y el 12 de junio de 2025. Un informe incorporado a la causa indicó que «no se registraron asistencias válidas ni tareas realizadas» por Salvatori entre el 10 de junio de 2020 y el 11 de septiembre de 2025.
Este prolongado período de inactividad, a pesar de registrar su entrada, generó un perjuicio patrimonial a la provincia. La cesantía fue precedida por una suspensión sin goce de haberes.
Desde la asunción de Rolando Figueroa en diciembre de 2023, rige en Neuquén una política de «tolerancia cero» frente a hechos de corrupción y prácticas irregulares. En este marco, la administración implementó sistemas de control de ingreso y egreso mediante huella dactilar para desalentar irregularidades que, según se indica, eran «vox populi» en la provincia.
Frente a los cargos, Nicolás Salvatori argumentó que no le asignaban funciones, que se afectó su derecho de igualdad ante la ley y que fue víctima de una «supuesta persecución ilegítima».
«De las propias declaraciones del agente sumariado, surge acreditado que durante el periodo investigado el agente no ha prestado servicios, es decir no ha trabajado, más allá de haber fichado o haberse registrado en algunas oportunidades», concluyó la Junta de Disciplina de la Administración Pública Provincial.
El abogado, que había ingresado al Estado en 1987, fue finalmente cesanteado, marcando un caso emblemático bajo la actual gestión.
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