La UIF detalla un sistema de sobornos por obras públicas en la Causa Cuadernos
El Tribunal Oral Número 7 avanzó este jueves con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del expediente por los escritos de Oscar Centeno, con la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante en el tramo denominado “La Camarita”.

Montos y frecuencia de los pagos ilegales
Durante la onceava audiencia del debate, que encabezan los jueces Enrique Mendez Signori, Fernando Canero y German Castelli, la UIF comandada por Paul Starc sostuvo que la expresidenta Cristina Kirchner habría recibido 175 pagos ilegales por un total de 171.224.710 pesos y 613.000 dólares.
Según la presentación, una de las empresas con vínculos comerciales con la entonces mandataria realizó 40 entregas de dinero ilícito que superaron los 85 millones de pesos.
El mecanismo de los anticipos financieros
La audiencia, que se extendió cerca de cinco horas, describió un mecanismo que se apoyó en resoluciones firmadas por el entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti.
En ese entramado, los anticipos financieros variaban entre el 10% y el 20% del monto de las obras, o bien se fijaban sumas equivalentes a certificados de obra cuando esos anticipos no se concretaban.
Roles clave en la implementación
- Julio De Vido, entonces ministro de Planificación Federal: rol central en la implementación del sistema desde la cartera ejecutiva que comandaba.
- José López, número dos de De Vido: encargado de coordinar el esquema.
- Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción: ejecutor del circuito.
- Ernesto Clarens, financista: señalado como el recaudador del dinero.
Acusados como coautores
El TOF 7 leyó cargos por la aceptación de dádivas. “Se recibieron pagos ilegales en 175 oportunidades”, sostuvo la querella, que atribuyó responsabilidades de coautores a Julio De Vido, Cristina Fernández de Kirchner, José López y Ernesto Clarens.
Para la UIF, existió un “acuerdo espurio” entre funcionarios y empresarios que permitió sostener durante años un sistema de retornos vinculados a contratos de obras y servicios públicos.