La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid, expresó este 6 de marzo su “enérgico repudio” a la decisión del Gobierno Nacional de iniciar sumarios contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el Sindicato La Fraternidad.
La medida se enmarca en la participación de estos gremios en el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) el pasado 19 de febrero. Desde la CATT advirtieron que “estas acciones constituyen un grave antecedente de presión sobre las organizaciones sindicales y una señal preocupante de avance sobre derechos fundamentales de los trabajadores”.
“El derecho a huelga es una herramienta legítima del movimiento obrero y está protegido por la Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la OIT”, sostuvo Juan Carlos Schmid.
Agregó que “pretender sancionar a organizaciones sindicales por ejercer ese derecho es un camino peligroso que atenta contra la democracia sindical y el diálogo social”.
Por su parte, el secretario gremial de la Confederación, Juan Pablo Brey, afirmó que “el transporte argentino ha demostrado históricamente su compromiso con el funcionamiento del país y con la sociedad. Pero también tiene el derecho de defender las condiciones de trabajo y las conquistas laborales”.
Brey destacó que “la judicialización o sanción del conflicto gremial no contribuye a resolver los problemas de fondo y sólo profundiza la confrontación”.
El Ministerio de Capital Humano impulsó la medida para determinar posibles sanciones contra los gremios del transporte por haber participado de la huelga nacional. Las penalidades podrían incluir multas que irían desde el 50% hasta el 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado.
La decisión del Ejecutivo se produce luego del fuerte impacto que tuvo el paro general en el sistema de transporte público, especialmente en los servicios ferroviarios y de colectivos, sectores clave para el funcionamiento cotidiano de las principales ciudades del país.
Finalmente, desde la CATT expresaron su “solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del transporte y con las organizaciones sindicales afectadas”, y denunciaron cualquier intento de avanzar sobre la libertad sindical y el derecho constitucional de huelga.
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