En un fallo significativo, el juez federal Sebastián Casanello desestimó una propuesta de reparación económica por 87,9 millones de pesos en el marco de la investigación por el presunto desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo hacia el Polo Obrero.
La oferta, presentada por Leandro Gastón Kebleris —procesado como partícipe necesario—, buscaba extinguir la acción penal sin reconocimiento de hechos ni derechos. Según la resolución, los delitos contra la administración pública no pueden resolverse mediante acuerdos privados.
Kebleris, junto con Anahí Rivero, está acusado de haber puesto a disposición la empresa Coxtex S.A., señalada por la fiscalía como una “usina de facturación apócrifa” sin capacidad operativa real.
La investigación sostiene que en octubre de 2021, Coxtex emitió dos facturas por 5,46 millones de pesos que habrían permitido desviar recursos del programa social hacia actividades de prensa, militancia y campaña electoral.
Además de la fiscalía, se opusieron al acuerdo la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Capital Humano y la Unidad de Información Financiera, estos tres últimos actuando como querellantes.
El Ministerio Público advirtió que la causa involucra a múltiples actores y líneas de investigación aún abiertas, por lo que fragmentar la reparación del daño podría afectar la coherencia de la acusación.
Casanello también rechazó convocar a una audiencia para tratar la propuesta, al señalar que no existía un acuerdo previo con el Estado como parte damnificada. Consideró que homologar el entendimiento podría entorpecer el trámite ante el Tribunal Oral Federal N°8, que juzgará al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y a otras 15 personas.
El magistrado quedó en condiciones de resolver el pedido de elevación a juicio.
La fiscalía ubica a Kebleris y Rivero como piezas clave de un entramado que habría operado durante casi cuatro años dentro del Polo Obrero y sus unidades de gestión, mediante empresas como Coxtex S.A., Ediciones e Impresiones Rumbos, Urban Graphics, Ricoprint y Miniso Trade, acusadas de emitir documentación falsa para simular compras y encubrir el desvío de fondos públicos.
El caso continúa su curso, con la expectativa de que la decisión del juez Casanello siente un precedente en la lucha contra la corrupción en la administración pública.
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