La Cámara Federal de Casación Penal cerró el paso a la Corte Suprema para la querella de la ex primera dama
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso presentado por la defensa de Fabiola Yañez, dejando firme la continuidad de la causa por supuesta violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández bajo la órbita del juez Daniel Rafecas.

Detalles del fallo y los fundamentos
El máximo tribunal penal federal del país, a través de los camaristas Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la querella. Según la resolución, la presentación «no cumplió con los requisitos formales para este tipo de recursos ni logró demostrar la existencia de una cuestión suficiente que habilitara la llegada a la Corte».
Para los jueces de Casación, los planteos de la defensa de Yañez «sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta» y no configuran arbitrariedad alguna.
«La doctrina de la arbitrariedad exige la demostración de defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual el impugnante no ha acreditado», sostuvieron Ledesma y Yacobucci.
Historial del cambio de juez y el camino hacia el juicio oral
El proceso tuvo un giro clave el 6 de octubre, cuando la misma Sala II de Casación hizo lugar a un planteo de la defensa de Alberto Fernández y apartó al entonces juez Julián Ercolini. El ex mandatario había alegado una «enemistad manifiesta» con Ercolini, pese a una antigua amistad que los unió.
- Juez inicial: Julián Ercolini (recusado por Alberto Fernández).
- Juez actual: Daniel Rafecas (ratificado por sorteo y ahora por Casación).
- Fecha clave: 6 de octubre – Casación aparta a Ercolini y ordena sortear nuevo juez.
Con esta reciente decisión, Rafecas queda formalmente habilitado para seguir con el expediente y avanzar hacia la etapa de juicio oral.
Acusación y posibles condenas
Alberto Fernández está acusado por la fiscalía de supuestas «amenazas coactivas y lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género». Estos delitos prevén penas de hasta 15 años de prisión.
Según la acusación, los hechos se habrían cometido en un marco de «violencia sistemática» ejercida contra Yañez, dentro de una relación de poder asimétrica que se habría agravado durante la gestión presidencial de Fernández. El período de los supuestos delitos abarcaría desde 2016 hasta agosto de 2024.