La Asociación Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (ATE Capital) impulsó una acción legal para «frenar» los efectos de la Ley Bases sobre el empleo público, denunciando que su aprobación se realizó mediante «un proceso viciado por corrupción».
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que en «un plazo de cinco días» brinde explicaciones sobre las condiciones de sanción de la Ley 27.742. El fallo reconoce «serias sospechas sobre la legalidad del trámite legislativo».
«Ese voto fue resultado de hechos de corrupción de público conocimiento y debe considerarse nulo de nulidad absoluta»
El magistrado Diego Martín Cormick sostuvo en su fallo: «Es evidente que existe un vicio en la formación y sanción de la Ley 27.742», reconociendo la legitimidad de la acción colectiva y la verosimilitud de los hechos denunciados.
«Estamos ante una ley sancionada en condiciones espurias. No se trata solo de una reforma regresiva: es una ley nacida de un procedimiento viciado y fraudulento», afirmaron desde el gremio, exigiendo que el Poder Judicial garantice el Estado de derecho.
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