El Ministerio de Justicia de la Nación diferió por tres meses la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en los tribunales de Comodoro Py, Buenos Aires, que estaba prevista para el 11 de agosto. La decisión responde a «reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal» por falta de preparación para investigar casos complejos.
En un comunicado, la cartera que dirige Mariano Cúneo Libarona afirmó que «la transformación cultural iniciada es irreversible» y que el sistema cuenta con recursos suficientes. Criticó duramente a la «casta política y judicial» por años de desidia que postergaron la implementación de este sistema que acorta la duración de los procesos.
«Las deficiencias edilicias y tecnológicas no justifican incumplir una ley vigente desde hace más de una década», sostuvo el Ministerio.
La prórroga de 90 días se establece como un plazo «excepcional e improrrogable» con el objetivo de «remover obstáculos políticos y corporativos» y garantizar plena coordinación entre los poderes del Estado. El Gobierno destacó que el sistema acusatorio ya funciona con éxito en otras jurisdicciones federales:
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